Organizaciones de la región de Ñuble se han manifestado enérgicamente contra la licitación de la primera etapa del megaproyecto Embalse Zapallar, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Este proyecto, que cuenta con una inversión de 350 millones de dólares y busca construir una represa sobre el río Diguillín, ha generado múltiples cuestionamientos por el potencial daño que podría causar a los ecosistemas locales y a las comunidades que dependen de estos recursos naturales. Grupos como el Movimiento Somos Diguillín y el Comité Unión Diguillín enfatizan que los impactos sociales y ambientales del embalse son graves y que este informa un desinterés por el bienestar de la población afectada.
La controversia en torno al Embalse Zapallar se agrava por la falta de estudios clave que siguen pendientes desde 2021, lo que ha llevado a estos grupos a reclamar una serie de deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Según los críticos, este análisis presenta serias inconsistencias y no aborda adecuadamente las observaciones planteadas por las comunidades y expertos. Las organizaciones han exigido que se exploren alternativas más sustentables para la acumulación de agua, que no comprometan el delicado equilibrio ecológico de la región.
Además de los problemas técnicos, los grupos opositores señalan que el proyecto también carece de transparencia, especialmente en lo que respecta a los beneficios reales para los pequeños agricultores. Este megaproyecto ha sido defendido como una solución a la crisis hídrica en el sector agrícola, pero las organizaciones advierten que no se ha publicado información crítica sobre cómo se distribuirá el agua ni quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta inversión. La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre cómo garantizar el acceso al agua para consumo humano.
En un comunicado reciente, los representantes de estas organizaciones recurrieron al gobierno para priorizar alternativas sustentables y solicitaron claridad sobre los compromisos de reembolso que han firmado algunos agricultores, cuestionando cómo se mantendrá el equilibrio entre las necesidades de producción agrícola y la conservación del ecosistema. «Defender el río Diguillín es defender la vida», afirman, subrayando la importancia de un enfoque que integre las voces de las comunidades directamente afectadas en cualquier iniciativa de desarrollo.
La preocupación por el impacto del Embalse Zapallar se presenta en un contexto donde las promesas del actual gobierno de ser el «primer gobierno ecológico» de Chile son puestas en jaque. Los organizadores llaman a la ciudadanía a unirse en la defensa del río Diguillín, promoviendo la conciencia sobre la importancia de los ecosistemas locales y la necesidad imperiosa de adoptar soluciones que sean realmente sostenibles y justas. Así, hacen un llamado urgente a la movilización y la información para enfrentar un proyecto que representa una amenaza para el futuro ambiental y social de la región.