La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante situación que involucra a 10.805 funcionarios públicos de diversas regiones del país. Estos funcionarios han salido del territorio nacional durante el periodo de licencia médica o en parte de ella, lo que ha levantado serias preocupaciones sobre la validez de dichas licencias. Un nuevo consolidado de información indica que este comportamiento podría representar un uso irregular de un total de 15.257 licencias médicas emitidas entre los años 2023 y 2024, donde un significativo 76% de los casos corresponde a personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud (FONASA), mientras que el 24% restante pertenece a entidades de Isapres.
La magnitud de este fenómeno es considerable, ya que los beneficiarios de las licencias reportadas han registrado, en total, 26.606 entradas y salidas del país. Un análisis más detallado revela que 67 funcionarios se encuentran en un rango de entre 16 y 30 movimientos, y alarmantemente, 30 individuos han protagonizado más de 30 entradas y/o salidas del país. La mayor parte de estos viajes se ha concentrado en el último trimestre de ambos años, específicamente entre octubre y diciembre, lo que sugiere un patrón que podría ser objeto de investigación más exhaustiva.
Entre las diversas instituciones señaladas, un 67% de los funcionarios involucrados provienen de servicios de salud y hospitales, mientras que un 15% son parte de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Por otro lado, un 11% pertenece a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% se asocia a establecimientos educacionales, y un 3% restante es de otras entidades de servicio. Esta diversificación de los sectores involucrados indica que el problema de la irregularidad en las licencias médicas no es exclusivo de una única área, sino que abarca una amplia gama de servicios públicos.
Los datos más destacados incluyen a varias instituciones, siendo el Servicio de Salud Magallanes el que reporta el mayor número de licencias con 1.258 casos, seguido por el SLEP Chinchorro con 1.065 y el Servicio de Salud del Reloncaví con 780 licencias. También se encuentran en la lista el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota con 692 licencias, la Dirección del Servicio de Salud Aysén con 553, y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta con 517 licencias. Este patrón sugiere la necesidad de una vigilancia más rigurosa y la implementación de medidas para prevenir abusos en el sistema de salud pública.
Ante esta problemática, la Contraloría ha decidido actuar rápidamente, notificando a las instituciones involucradas para que comiencen los respectivos procedimientos disciplinarios. Las resoluciones pertinentes se enviarán a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la Contraloría General de la República, en un plazo de cinco días hábiles. Además, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que se emprendan las acciones legales adecuadas. Sin duda, esta situación representa un desafío significativo para la integridad del sistema de salud y la confianza pública en las instituciones.