El El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha emitido este viernes órdenes de detención contra Alberto Larraín y otras cuatro personas involucradas en la arista ProCultura del caso Convenios. Esta acción judicial se produce en el contexto de la investigación relacionada con el programa ‘Quédate’, el cual está vinculado al Gobierno Regional de la Región Metropolitana (GORE). La noticia ha suscitado gran interés mediático, ya que pone de relieve las irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a programas de prevención del suicidio.
Las personas que enfrentan órdenes de detención, además de Alberto Larraín, son María Constanza Gómez y María Teresa Abusleme, ambas representantes de ProCultura, así como Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano. Esta operación se inscribe dentro de una pesquisa más amplia que busca esclarecer la utilización de cerca de $1.600 millones que el GORE Metropolitano transfirió a ProCultura para la ejecución del controvertido programa ‘Quédate’. Las autoridades sostienen que es esencial investigar a fondo los posibles delitos que han podido ocasionar daño al erario público.
El fiscal Juan Castro Bekios es quien lidera las investigaciones, acompañado de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). Las pesquisas se centran en determinar si hubo malversación de fondos, así como otros delitos económicos y de carácter administrativo. La magnitud de la cantidad de dinero en juego ha llevado a las autoridades a tomarse este caso con la máxima seriedad, dado que la iniciativa tenía como fin la prevención del suicidio, un tema profundamente sensible en la sociedad chilena.
El programa ‘Quédate’ fue promovido con la intención de atender y dar apoyo a personas en riesgo de suicidio, lo que intensifica el impacto social de las acusaciones que enfrentan estos funcionarios. Sin embargo, las revelaciones sobre la presunta mala gestión de estos recursos generan preocupación sobre la efectividad y transparencia de las intervenciones destinadas a tratar problemas de salud mental en la población. La confianza en las instituciones se ve comprometida si se confirma que hubo irregularidades en la ejecución de este delicado programa.
En el ámbito político, esta situación ha generado diversas reacciones, con llamados a una profunda revisión de los protocolos de asignación y gestión de subsidios estatales. Integrantes de la oposición exigen respuestas y señalan que es fundamental que se garantice la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, sobre todo en iniciativas que buscan abordar temas críticos como el suicidio. El desarrollo de esta investigación podría tener repercusiones significativas en las próximas elecciones y la confianza pública en el gobierno.