La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha manifestado su profunda preocupación ante la reciente decisión del Ministerio de Energía de retirar los decretos relacionados con los medios de generación de pequeña escala (PMGD). Estos decretos, que incluyeron modificaciones al Decreto Supremo N°88 y al Decreto Supremo N°125, se habían propuesto como soluciones para corregir las distorsiones que afectan a los PMGD en términos de recortes de energía y compensaciones económicas. La eliminación de estos instrumentos regulatorios pone en riesgo tanto la eficiencia del sistema eléctrico como la economía de los consumidores, quienes podrían ver un aumento en las tarifas de electricidad a corto plazo.
El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ha realizado advertencias sobre cómo el esquema vigente perjudica a los clientes libres y anticipa que tendrá un impacto significativo en las tarifas residenciales a partir de 2027. Las modificaciones que fueron trabajadas en conjunto con diferentes entidades técnicas, incluyendo la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, estaban destinadas a garantizar una operación más justa y equitativa del sistema eléctrico. A partir de encuentros entre el sector público y privado, se recopilaron miles de observaciones que resaltaban la necesidad de implementar cambios urgentes hacia un sistema que haga frente a las ineficiencias detectadas.
Las reformas a los decretos también se fundamentan en recomendaciones del propio Coordinador Eléctrico Nacional en relación a la seguridad y la competencia en el sector. Entre las sugerencias se encontraban la inclusión de los PMGD en los recortes por sobreoferta, un monitoreo y control más estricto, y la optimización del régimen de autodespacho. A través de estas modificaciones, se estimaba que se podrían reducir significativamente los costos de operación, lo que se traduce en un ahorro potencial de hasta 54 millones de dólares anuales. Es evidente que estas reformas tenían el objetivo de beneficiar a los consumidores al bajar los costos de la energía.
Stefan Larenas, presidente de ODECU, enfatizó la gravedad de la situación al señalar que los ajustes retirados no son meramente aspectos técnicos, sino que afectan directamente el bolsillo de millones de hogares chilenos. Larenas argumentó que posponer las correcciones necesarias implica continuar con un sistema que perpetúa el encarecimiento de la electricidad. La presión sobre los consumidores es cada vez mayor y la falta de acción por parte de las autoridades solo contribuye a agravar esta condición, donde la variación en las tarifas es finalmente sufragada por los ciudadanos en sus cuentas de luz.
ODECU hace un llamado urgente al Ministerio de Energía para que reingrese los decretos modificatorios del DS 88 y del DS 125. La revisión de normativas no debe implicar la postergación de cambios que han sido ampliamente discutidos y considerados necesarios para proteger a los consumidores. Los hogares chilenos no pueden continuar financiando distorsiones reconocidas por la misma autoridad, y es necesario actuar para evitar que estas ineficiencias repercutan en los bolsillos de los ciudadanos y afecten su calidad de vida.