La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha emitido un fallo sorprendente que declara ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas a la empresaria Josefina Huneeus. Esta decisión implica que se debe eliminar de la investigación fiscal cualquier evidencia obtenida a partir de dichas escuchas, incluyendo conversaciones con el Presidente Gabriel Boric. En su dictamen, la corte criticó duramente las acciones de la Fiscalía, calificándolas como 3arbitrarias e infundadas3 y en violación a lo establecido en el artículo 222 del Código Procesal Penal. Este precedente podría tener repercusiones significativas sobre la forma en que se manejan investigaciones de este tipo en el futuro.
El tribunal, en su fallo unánime, subrayó la falta de fundamentos en las solicitudes de intervención telefónica que había realizado la Fiscalía, resaltando que no se presentaron «fundadas sospechas» que justificaran tales acciones. Según los ministros, ni siquiera se mencionó de manera clara los 3hechos determinados3 que pudieran dar soporte a la intervención. Esto votó en contra de la legalidad del procedimiento, dejando en claro la necesidad de respetar estrictamente las normas jurídica y procesal en el manejo de investigaciones, especialmente en casos que involucran a figuras públicas.
Además, los jueces también señalaron las omisiones graves en el proceso, indicando que no se había probado que Huneeus actuara como intermediaria en las comunicaciones entre otros acusados. La corte reiteró que la medida intrusiva no era imprescindible para la investigación, lo que podría interpretarse como un atentado a las garantías constitucionales. Este tipo de prácticas, según el tribunal, pertenecen a épocas pasadas en donde los derechos de los ciudadanos eran vulnerados por el mismo Estado, lo que genera una crítica contundente al manejo actual de la Fiscalía.
La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar, pues horas después del fallo, se anunció la remoción de Patricio Cooper del caso, siendo reemplazado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. Este cambio responde a una serie de críticas respecto a las filtraciones y al manejo de información pública y privada durante el proceso. En su comunicado, la Fiscalía Nacional subrayó el compromiso de mantener el interés público y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía en todos sus procedimientos.
La Corte de Apelaciones dejó claro que el caso de Huneeus no solo es un llamado de atención sobre la actuación del sistema judicial, sino que también se presenta como una oportunidad para que se refuercen las normativas y se garantice una administración de justicia que respete los derechos de todos los ciudadanos. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en torno a la legitimidad de las actuaciones policiales y fiscales, lo que sin duda generará un debate importante sobre la intervención del Estado en la vida privada de los individuos.