El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha reconocido oficialmente una crisis financiera que afecta a las empresas del sector de la construcción, especialmente aquellas dedicadas a la creación de viviendas sociales. Según informes recientes del medio económico DF, la falta de fondos suficientes para elaborar pagos a los desarrolladores ha generado una deuda que supera los mil millones de dólares. Esta situación no solo impacta a las inmobiliarias y constructoras, sino que también incluye a proveedores de servicios y materiales, consolidando un escenario preocupante que podría desestabilizar el sector habitacional a nivel nacional.
Los problemas surgieron tras la implementación del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) en 2022, diseñado para abordar un déficit habitacional que afecta a 640 mil hogares. A través de subsidios a proyectos privados, el PEH busca facilitar el acceso a viviendas para familias vulnerables. Sin embargo, los pagos pendientes relacionados con los decretos DS19 y DS49 han generado parálisis en múltiples proyectos, además de retrasos en la entrega de viviendas. Expertos han indicado que las metas planteadas por el Gobierno eran excesivamente ambiciosas, lo que ha contribuido a la actual crisis.
Ante la paralización de los proyectos y los compromisos incumplidos con diversas partes involucradas, el MINVU ha intentado aplicar soluciones como el modelo de confirming a través de BancoEstado. Este mecanismo busca adelantar pagos que las empresas tendrían que asumir con intereses, aunque solo se aplica a algunos proyectos seleccionados. Sin embargo, desde la industria, los representantes denuncian que esta solución es un simple ‘parche’ que no logra abordar las causas fundamentales del problema, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de pequeñas y medianas constructoras, que son especialmente vulnerables en este contexto.
Los ejecutivos de empresas constructoras han apuntado que muchas de ellas enfrentan deudas que superan los 40 millones de dólares, un reflejo del impacto negativo que han tenido los retrasos en los pagos por parte del MINVU. A través de correos internos filtrados, se ha confirmado que aunque existe un presupuesto asignado, no hay suficiente disponibilidad de caja ni contribución fiscal para cumplir con los pagos. Esto plantea riesgos significativos para la continuidad de la obra y el cumplimiento de compromisos adquiridos, lo que podría ocasionar una crisis más severa dentro del sector en los próximos años.
La situación actual resalta la gravedad del desajuste entre las promesas de vivienda del Gobierno y la capacidad financiera del sector para cumplir con estas metas. La combinación de gastos mayores a lo presupuestado, la reactivación de obras y una disponibilidad de recursos insuficiente ha demostrado ser una bomba de tiempo. Si el MINVU no implementa soluciones efectivas y oportunas, el riesgo de quiebras en la industria de la construcción podría convertirse en una realidad inminente, lo cual podría afectar a miles de familias que dependen de la entrega de sus viviendas.