Este lunes marcó un hito importante en la economía chilena con la entrada en vigor del denominado «royalty» minero, un impuesto a la gran minería que el Gobierno chileno espera recaude anualmente el 0,45 % del PIB, equivalente a unos 1.350 millones de dólares. Este nuevo impuesto, que fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento chileno en mayo del año pasado, contempla que un tercio de lo recaudado, aproximadamente 450 millones de dólares, se destinará a gobiernos regionales y municipalidades.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó este lunes en un comunicado la capacidad del gobierno de generar acuerdos y soluciones innovadoras que satisfacen a todos los sectores involucrados, rechazando las denuncias de varios sectores que argumentaban que el nuevo impuesto desincentivaría la inversión. Marcel señaló que, entre marzo y junio de este año, la estimación de inversión minera para el quinquenio aumentó en 10.000 millones de dólares, y en los últimos meses se han anunciado o ingresado nuevos proyectos mineros como Quebrada Blanca y Centinela.
El impuesto incluye un componente «ad valorem» y uno sujeto al margen operativo de entre 8 % y 26 % para las compañías que produzcan más de 50.000 toneladas, consideradas como gran minería. Además, fija una tasa impositiva máxima efectiva del 46,5 % de la ganancia operativa.
El presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno inicialmente planteó un techo impositivo del 50 %, ajustó la cifra durante el debate parlamentario e introdujo varias modificaciones tras recibir críticas de representantes de la industria.
Este nuevo impuesto forma parte de una amplia reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, que fue rechazada por la Cámara de Diputados y cuya discusión se retomará este año. Chile, que representa el 28 % de la producción mundial de cobre, produce una media de 6 millones de toneladas de cobre al año y la minería representa cerca del 15 % del PIB nacional. Además, posee las mayores reservas explotables del mundo de litio, un recurso clave para la electromovilidad.
La implementación del nuevo impuesto se produce días después de que Codelco, la cuprífera estatal, y SQM, productora chilena de litio, anunciaran una asociación público-privada para explotar el litio en el Salar de Atacama hasta 2060.