Familiares de víctimas de la infame Caravana de la Muerte han presentado una querella contra el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle debido a alegaciones de complicidad en la evasión de justicia por parte de Augusto Pinochet. La acción judicial, presentada el viernes por la abogada Karinna Fernández y reportada por Radio Biobío, se basa en una impactante revelación del exasesor presidencial Cristián Toloza. Este afirmó que el gobierno elaboró un informe para que Pinochet pudiera simular demencia, lo cual le permitió evitar su extradición a España, donde enfrentaba acusaciones serias por crímenes de lesa humanidad.
Los querellantes, que incluyen a familiares de aquellos asesinados durante la dictadura de Pinochet, expresaron su indignación ante la supuesta falta de justicia y el trato preferencial otorgado al exdictador. Angélica Palleras, cuyo hermano fue asesinado en 1973, manifestó su profundo descontento: «Ese gobierno se burló encima de todos los muertos y sus familiares», refiriéndose a la percepción de que el Estado chileno ha fallado en hacer justicia para las víctimas del régimen. Además, las declaraciones de Toloza acerca de la elaboración de un dossier que aconsejaba a Pinochet hacer declaraciones sobre sus problemas de salud mental han reavivado el dolor y la rabia de los familiares que buscan claridad y justicia.
La querella incluye detalles inquietantes sobre la estrategia del Gobierno de Frei, que supuestamente utilizó un documento secreto de la Caravana de la Muerte para darle un respaldo al retorno de Pinochet a Chile, sugiriendo que sería juzgado por sus crímenes, algo que claramente nunca se materializó. El caso ha cobrado nueva vida tras el impacto del libro «Calle Londres 38» del investigador Philippe Sands, donde Toloza admitió su participación en dicha estrategia. Ante esto, el ex canciller José Miguel Insulza ha rechazado conocer de primera mano el informe elaborado y sostiene que si existió, lo fue al margen del gobierno.
La abogada Fernández está firme en su argumento de que los crímenes de Pinochet son imprescriptibles y está insistiendo en la necesidad de que el Estado aporte archivos oficiales para esclarecer la situación. Las posibilidades de justicia parecen lejos, pero los familiares de las víctimas no han perdido la esperanza. Rosita Silva, cuyo padre fue ejecutado en Antofagasta, enfatizó que, a pesar de tener 65 años, no dejará de luchar por una pizca de justicia y resaltó la falta de acción del ex presidente Frei por las víctimas, quien al momento de la firma de la querella se encuentra en una situación de salud delicada.
La presentación de esta querella pone en la mira de la justicia chilena no solo la figura de Pinochet, sino también la de aquellos que en el ámbito civil estuvieron implicados en la protección de sus crímenes. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido comentarios sobre esta acusación, mientras que el entorno de Frei se ha mantenido evasivo, alegando que el ex mandataria no hará declaraciones públicas sobre temas de actualidad. Este desarrollo resalta la necesidad urgente de investigar la complicidad civil durante la dictadura y el rol que han jugado los gobiernos democráticos en la impunidad de estos crímenes históricos.