La Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en 32 municipios del país en relación al manejo de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024. Este hallazgo es el resultado de un exhaustivo plan nacional de fiscalización, que se enfocó en los gastos y las transferencias realizadas por las municipalidades entre enero y septiembre del año pasado. El objetivo primordial de esta auditoría fue garantizar que los fondos públicos se usaran conforme a la legislación vigente, especialmente en el contexto tan sensible de un proceso electoral. Las pesquisas incluyeron la revisión de transferencias efectuadas hacia entidades privadas, buscando prevenir conflictos de interés y asegurar que dichos recursos no se destinaran a actividades políticas o de promoción de candidaturas individuales.
Los resultados de la auditoría fueron alarmantes, destacando la detección de prácticas irregulares, especialmente en 10 municipios de la zona central. Entre las irregularidades se encontraron gastos injustificados, el uso indebido de vehículos fiscales en días no laborables y la falta de documentación para respaldar diversas actividades financiadas. Específicamente, la municipalidad de La Florida fue señalada por desembolsar más de 30 millones de pesos en servicios a honorarios que no estaban relacionados con las funciones institucionales del municipio. Como consecuencia, la Contraloría ha decidido formular un reparo por un monto de $23.149.811, lo que representa un varapalo administrativo para la comuna.
Además de las anomalías financieras, el informe también documentó irregularidades que podrían comprometer la ética administrativa, como la presentación de candidatos a cargos de elección popular por parte del alcalde durante la conmemoración del Día del Dirigente Vecinal y Comunal. Esta acción podría constituir una grave vulneración del principio de probidad y equidad en el proceso electoral. A esto se sumó la entrega de 5.600 gift cards, por un total de $140 millones, otorgadas en respuesta a una emergencia climática, sin la documentación adecuada que certifique que los beneficiarios eran realmente personas necesitadas. Ante esta serie de observaciones, la Contraloría ha anunciado la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades.
En el caso de la Municipalidad de Maipú, la situación fue igualmente preocupante. La Contraloría encontró que la entidad no proporcionó la información solicitada durante la auditoría, obstaculizando el trabajo fiscalizador, situación que podría llevar a la implementación de un sumario administrativo. Asimismo, se evidenció el uso indebido de vehículos fiscales durante días no laborables, y se descubrió que se otorgó ayuda social a siete personas ya fallecidas al momento de la entrega de beneficios. Entre los hallazgos también se incluyó que seis inmuebles de la municipalidad estaban habitados por individuos sin vínculo laboral con la entidad y sin la autorización necesaria. Como resultado, la Contraloría ha instado a que se lleven a cabo procedimientos disciplinarios internos.
Por otro lado, la situación en Puente Alto no es menos alarmante, donde se detectó un desembolso injustificado de $129.899.999 a una empresa por un evento de capacitación para dirigentes sociales. No se pudo comprobar que se hubiera invitado a todos los dirigentes comunales, lo que contraviene el principio de inclusión requerido para este tipo de actividades. Además, el municipio aprobó rendiciones por más de $30 millones al Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto sin verificar los beneficios reales de los pasajes aéreos adquiridos. Estas irregularidades en la gestión no solo involucran el desvío de recursos, sino que también sugieren la participación de funcionarios en actividades políticas durante horas laborales. Ante esta crítica situación, la Contraloría ha solicitado la apertura de un sumario administrativo en Puente Alto, subrayando la gravedad de las irregularidades detectadas.