El presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta a una de sus crisis políticas más severas tras la reciente aprobación de una comisión investigadora en el Congreso argentino sobre el polémico caso del “criptogate”. Este escenario ha evidenciado la profunda división en el actual clima político, donde la oposición ha logrado agrupar a diferentes sectores, desde el kirchnerismo hasta centroderechistas, en torno a la búsqueda de claridad sobre las actividades relacionadas con el activo digital $LIBRA. Las tensiones han ido en aumento, sorprendiendo a Milei, que hasta hace poco gozaba de un cierto margen de maniobra política.
Fuera del Parlamento, la situación se tornó más violenta cuando miles de pensionados se manifestaron en demanda de mejoras en sus prestaciones sociales. Las protestas, que ya se habían vuelto una tradición semanal, fueron reprimidas de manera contundente por las fuerzas de seguridad. Imágenes de camiones lanza aguas y efectivos disparando balas de goma se hicieron virales, provocando indignación entre quienes acusan al gobierno de Milei de utilizar tácticas represivas similares a las de los regímenes militares, lo que exacerbó aún más la crisis de su gobierno.
A medida que los enfrentamientos escalaron, la diputada peronista Julia Strada denunció la violencia desatada, subrayando que la estrategia del gobierno contra los jubilados no sólo es ineficaz, sino que refleja un desprecio por quienes construyeron el país. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minimizó la naturaleza de las manifestaciones, e incluso recurrió a calificar a los manifestantes como jóvenes violentos y no representantes dignos de la lucha de los jubilados. Este tipo de retórica ha agudizado el conflicto entre el gobierno y sus críticos.
Entre los incidentes más alarmantes, se destaca el caso de Beatriz Bianco, una abuela de 87 años, quien resultó herida tras ser golpeada con un bastón durante la represión. Su traslado a un hospital simboliza la fragilidad de los adultos mayores en medio de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei. Según el senador centrista Martín Lousteau, los recortes impactan severamente a los jubilados, quienes sienten en primera persona el peso de las decisiones fiscalmente agraviantes. Esto ha detonado una ola de descontento que los dirigentes de oposición están ansiosos por capitalizar.
La crisis no solo se limita a las calles. La popularidad de Milei ha caído en picada, impulsada por varios factores, entre ellos el escándalo del “criptogate” y una respuesta vista como desinteresada ante la crisis climática en Bahía Blanca. La combinación de estos elementos ha debilitado su imagen y su capacidad de gobernar efectivamente. Al no poder frenar la creación de la comisión investigadora en el Congreso, se ha evidenciado la erosión de su influencia, episodio que podría afectar la imagen de su familia, ya que involucra a su hermana, Karina Milei, en un escándalo donde se sospecha la transferencia ilegal de fondos significativos. El futuro político de Milei depende de su capacidad para abordar estas crisis duales: una en el escenario político y otra en las calles.