El diputado Joaquín Lavín León, exmiembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se presentó ante el Ministerio Público en calidad de imputado en una causa por corrupción. Su comparecencia fue voluntaria, gracias a su fuero parlamentario, después de recibir una citación formal. La investigación, liderada por la Fiscalía Oriente, busca esclarecer su presunta participación en delitos que van desde el fraude al fisco hasta el tráfico de influencias y la negociación incompatible. Estos delitos están relacionados con servicios que se sospecha Lavín no realizó, lo que complica aún más su situación legal.
En el marco de esta causa, las autoridades están examinando facturas que el diputado habría presentado al Congreso Nacional, las cuales son consideradas ideológicamente falsas. El caso tomó relevancia cuando se conoció que Lavín dio su versión frente a los cargos en su contra, en lo que se ha catalogado como un paso significativo dentro de este proceso judicial. Estos acontecimientos llegan en un momento delicado para el político, quien ha estado bajo el escrutinio público desde que surgieron las primeras acusaciones en su contra, vinculadas a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también enfrenta acusaciones de corrupción.
Es importante destacar que en octubre de 2024 se produjeron allanamientos en la oficina del diputado en el Congreso y en su casa en Peñaflor. Durante estas diligencias, la policía incautó dispositivos electrónicos y documentos que podrían ser clave para la investigación en curso. Además, la Municipalidad de Maipú presentó una querella en contra de Lavín por los delitos que se le imputan, lo que añade más presión sobre su situación. Las implicaciones de estos hallazgos podrían ser perjudiciales no solo para su carrera política, sino también para su libertad.
Uno de los focos más controversiales de la investigación son las supuestas facturas falsas relacionadas con la Ley Cholito, que sumarían más de $15 millones. La Fiscalía espera un peritaje contable que podría aumentar esta cifra, lo que podría tener repercusiones significativas. Este informe es crucial, ya que podría brindar a la Fiscalía las bases necesarias para solicitar el desafuero del diputado, un paso esencial que podría llevar incluso a pedir su prisión preventiva. La situación de Lavín León se complicaría aún más si las evidencias respaldan las acusaciones de corrupción.
En febrero pasado, Lavín devolvió $7 millones al Congreso por concepto de las facturas en cuestión, argumentando que las imputaciones que enfrenta se aclararán en su debido momento. Este intento de solventar parte de la posible irregularidad no ha logrado mitigar el impacto de las acusaciones, y la presión pública y mediática sobre él sigue aumentando. La investigación no solo pone en juego su carrera política, sino también la confianza del electorado en las instituciones públicas, un perjuicio que podría extenderse a su partido y aliados.