La búsqueda de respuestas en el caso de la desaparición de la lancha Bruma y sus siete tripulantes ha reavivado el debate sobre la Ley de Pesca en Chile, que lleva 15 años en vigor y ha generado un profundo conflicto entre pescadores artesanales e industriales. El último episodio, marcado por el hallazgo de la balsa de supervivencia y la declaración de la Armada sobre el término de la búsqueda, ha dejado a las familias con la dolorosa certeza de que no habrá sobrevivientes. Esta tragedia ha puesto de manifiesto la fragilidad del marco regulador que rige la actividad pesquera, así como la necesidad de replantear las proporciones de los recursos destinados a cada sector, específicamente en lo que respecta a la merluza y el jurel.
La empresa pesquera Blumar ha activado el Estado de Crisis K1 tras el naufragio de la Bruma, lo que realza la gravedad de la situación. Enrique Sarquis, principal accionista de Blumar, ha mostrado su compromiso con la crisis al participar activamente, a pesar de su convalecencia. Simultáneamente, la empresa ha implementado una nueva estrategia comunicacional, optando por la terminología de ‘naufragio’ en lugar de ‘colisión’, lo que despierta preocupaciones sobre la transparencia del manejo de la información. Este enfoque podría apuntar a una intención de desvincular a la compañía de cualquier responsabilidad en el incidente, un movimiento que debe ser vigilado por las autoridades competentes.
La participación del abogado Alejandro Espinoza como portavoz de Blumar ha suscitando debates sobre la legalidad de sus declaraciones, en las que asegura que Bruma no activó sus dispositivos de localización. Esta afirmación, que carece de evidencias concretas, plantea preguntas sobre la vigilancia que ejerce la Armada en las aguas chilenas. La falta de un monitoreo efectivo y el hecho de que no se detectara la desaparición de la embarcación subraya las deficiencias del sistema POSAT, encargado de rastrear las embarcaciones en tiempo real. La comunidad pesquera se encuentra inquieta, cuestionando si la Armada cuenta con los recursos y protocolos necesarios para prevenir tragedias en el mar.
La situación legal en torno a la investigación se complica aún más con el papel de la fiscal regional Marcela Cartagena, cuya trayectoria ha sido criticada por su falta de resultados en casos previos. Su declaración de que no se puede establecer una hipótesis definitiva en un momento tan crucial refleja una falta de dirección en la investigación. La comunidad de pescadores, que ha articulado su clamor por justicia, exige un fiscal especial y una revisión de las responsabilidades atribuibles a Blumar y a la Armada, que parecen evadir su cuota de responsabilidad en la tragedia.
Finalmente, el accidente de la Bruma y su relación con el sistema pesquero en Chile debería ser un catalizador para revisar y reforzar tanto la seguridad marítima como las regulaciones existentes. La tragedia del naufragio subraya que no se trata solo de un accidente, sino de un incidente que pone en tela de juicio las prácticas actuales y la protección de los trabajadores del mar. Las lecciones que se desprenden del caso deben ser utilizadas para implementar cambios significativos que garanticen la seguridad de quienes se ganan la vida en la pesca, y para asegurar que su trabajo sea reconocido y protegido adecuadamente, sin importar el tamaño de la empresa para la que trabajen.