Santiago, 2025.- Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada en Chile el próximo 28 de noviembre, se inicia una era de significativos cambios en la manera en que las empresas deberán abordar la seguridad. Esta normativa, que establece un sistema de clasificación de riesgo empresarial, determinará las exigencias específicas que cada entidad deberá satisfacer en función del nivel de riesgo que representan. Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO en Chile, subraya que este nuevo marco no solo consolida y actualiza la regulación existente, sino que también redefine el rol de las empresas en complementación con la seguridad pública, creando un entorno regulador más eficaz y coherente.
La Ley de Seguridad Privada introduce un enfoque innovador al clasificar las empresas en categorías de riesgo: alto, medio y bajo. Según explica Hernández, la Subsecretaría de Prevención del Delito será la encargada de notificar a las empresas sobre su clasificación, lo que incluirá una evaluación de aspectos como la actividad desarrollada, la localización de los establecimientos, y la peligrosidad de los objetos almacenados. Esta metodología permitirá una atención más focalizada y efectiva a las entidades que, debido a su operativa, representan un mayor riesgo para la seguridad pública.
Las empresas clasificadas como de riesgo medio y alto estarán obligadas a implementar medidas concretas de seguridad, que abarcan desde la contratación de personal especializado hasta la utilización de tecnología avanzada. Con ello, deben presentar un estudio de seguridad exhaustivo que contemple su política de seguridad y un diagnóstico de vulnerabilidades. Las entidades de alto riesgo, además, están sujetas a la implementación de sistemas de vigilancia privada, lo que aumenta aún más la responsabilidad que deberán asumir en este nuevo contexto.
Desde el 28 de noviembre, se establece un plazo para que las empresas adecuen sus estándares de seguridad y presenten su respectivo estudio ante la Subsecretaría de Prevención del Delito. «Es fundamental que las empresas se anticipen a esta dinámica y revisen sus protocolos de seguridad, así como la infraestructura y los recursos necesarios», aconseja Hernández. La planificación adecuada no solo evitará sanciones, sino que también permitirá a las empresas gestionar de manera más eficiente sus inversiones en seguridad.
ALTO Chile se posiciona como un asesor clave en este periodo de transición, ayudando a las empresas a cumplir con las normativas requeridas. Evaluar el cumplimiento normativo, identificar brechas y riesgos jurídicos, y ofrecer recomendaciones específicas son parte de la propuesta de valor que presenta la firma. «Las empresas que se preparen proactivamente enfrentarán la nueva regulación con éxito, mientras que las que no lo hagan podrían enfrentarse a multas severas y otros inconvenientes operacionales», concluye Eduardo Hernández, resaltando la importancia de estar al día con esta legislación transformadora.