La crisis de las licencias médicas fraudulentas se intensifica tras el reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló un alarmante número de funcionarios públicos que aprovecharon estos permisos para viajar al extranjero. Entre los casos más notables se encuentra el del alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, quien fue sorprendido asistiendo a un partido de fútbol en Arica y realizando una visita a Tacna mientras se encontraba de licencia. Este escándalo ha llevado a la Contraloría a estimar que aproximadamente 25 mil empleados del Estado habrían salido del país con licencias médicas durante los años 2023 y 2024.
Los casos de uso indebido de licencias médicas se han registrado en distintos ámbitos del servicio público, incluyendo hospitales y ministerios. Sin embargo, los municipios son los que han destacado con más irregularidades, siendo las comunas de Arica y Puerto Montt las más afectadas, con 790 y 483 licencias cuestionadas respectivamente. Arica, con su cercanía a Tacna, ha registrado un número significativo de estas salidas, lo que sugiere que la frontera entre ambos territorios ha facilitado estos abusos en el sistema de licencias.
Aparte de Arica y Puerto Montt, la municipalidad de Temuco ha sido otro de los focos de atención, acumulando 342 licencias médicas polémicas durante el periodo analizado. En esta comuna, el alcalde Roberto Neira del Partido Por la Democracia también está en el centro de la controversia. La situación en Santiago tampoco es menos preocupante, donde bajo la gestión de la alcaldesa Irací Hassler se contabilizan 311 casos de licencias cuestionadas, lo que ha llevado a un creciente clamor público por una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Es importante destacar que el informe de la Contraloría también exhibe un análisis sobre la distribución política de los alcaldes que dirigieron las municipalidades con más casos de licencias fraudulentas. Un total de 15 municipalidades se encuentran dentro de la lista de las más afectadas, donde el 57.9% de las licencias objetadas pertenecen a administraciones de centro y centro-izquierda, mientras que un porcentaje menor corresponde a la derecha y a alcaldes independientes. Este panorama revela la URGENCIA de revisar la gestión y control de estas licencias.
A pesar de la magnitud del escándalo, es esencial enfatizar que la responsabilidad recae principalmente en los funcionarios que hicieron un mal uso de las licencias médicas y no directamente en los alcaldes. La Contraloría ha instado a una revisión exhaustiva de los controles internos para prevenir futuros abusos. Las demandas de la ciudadanía por una administración pública más ética y transparente crecen cada día, lo que representa un desafío crítico para todos los sectores políticos involucrados en este escándalo.