La diputada Nathalie Castillo, del Partido Comunista, ha solicitado la inhabilitación del ministro Jean Pierre Matus debido a presuntos conflictos de interés en el marco del polémico proyecto minero-portuario Dominga. Según reporta Radio Diario Universidad de Chile, Castillo ha señalado que la situación es alarmante, especialmente por el impacto que este caso tiene en comunidades que están divididas y bajo presión judicial. Matus, quien será el encargado de redactar la sentencia en la Corte Suprema, está en el centro de esta controversia, lo que levanta serias dudas sobre su imparcialidad en el tratamiento del caso.
El asunto se ha acelerado debido a la reciente apelación presentada ante la Corte Suprema por parte del Gobierno, en respuesta al fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que dictó que el rechazo al proyecto dominguero por parte del Comité de Ministros era ilegal. La diputada Castillo aprovechó la oportunidad para advertir sobre la conexión del ministro Matus con el abogado Marcelo Castillo, quien ha estado involucrado en la defensa de los intereses de Andes Iron, la empresa detrás del proyecto. Esta relación ha llevado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a interponer una solicitud de nulidad sobre la admisibilidad de los recursos ante la Suprema.
Oceana Chile y el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera también han alzado su voz contra la participación de Matus, argumentando que su vínculo de amistad con el abogado Castillo, representante de un sindicato de pescadores artesanales, compromete su imparcialidad. En un escrito presentado recientemente, estas organizaciones hacen referencia al artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que impide a los jueces participar en causas en las que exista un lazo personal con alguna de las partes involucradas. La creciente presión social ha puesto de relieve la importancia de mantener la integridad del sistema judicial en estos casos controversiales.
Marcos Emilfork, abogado de la ONG FIMA, ha manifestado que es crucial inhabilitar al ministro Matus para salvaguardar la confianza pública en la administración de justicia. Dada la situación complicada que rodea al caso, se ha solicitado no solo la inhabilitación del magistrado, sino también la anulación del acuerdo alcanzado por la Sala y la elaboración de un nuevo dictamen sin su participación. La división social que rodea al proyecto Dominga se ha intensificado, y la confianza en el sistema judicial es fundamental para manejar estos desacuerdos.
Al cerrar este capítulo, la diputada Castillo enfatizó la necesidad de que el Gobierno cumpla su compromiso de desarrollar un plan alternativo para la comuna de La Higuera, sin depender del polémico proyecto minero. La preocupación por el daño social que ha causado esta controversia en la comunidad es palpable. Castillo subrayó que hay opciones viables para mejorar la economía local, como el turismo y las obras civiles, y que es imperativo que el plan ‘La Higuera’ se implemente de inmediato. La presión sobre los inversionistas, incluidos importantes actores como la familia Piñera y Délano, para que respeten la voluntad de las comunidades afectadas se hace más apremiante, pues han rechazado el establecimiento de iniciativas que impacten negativamente el medio ambiente y la cohesión social.