La muerte de Johnny San Martín Flores, administrador general de la Fundación ProCultura, ha revelado una serie de irregularidades que están bajo investigación por el Ministerio Público y que involucran a figuras prominentes, incluido el presidente Gabriel Boric. San Martín falleció el 14 de octubre de 2024, cinco días después de que la Policía de Investigaciones (PDI) allanara su domicilio en Colina. Según reportes, fue hospitalizado a raíz de una descompensación durante su detención, sufriendo de una encefalopatía hepática que no fue tratada adecuadamente debido a la falta de cotizaciones previsionales pagadas por la fundación.
El contexto de la detención de San Martín se enmarca en un amplio caso de corrupción que afecta a la organización, donde se incautaron un computador, celulares y una pistola a fogueo durante el allanamiento. La falta de atención médica oportuna es una de las principales críticas que han surgido, ya que, a pesar de que había agendada una cita médica para el día del allanamiento, no pudo asistir debido a su arresto. Este desenlace ha levantado una ola de indignación entre su círculo cercano, quienes señalan que la Fundación ProCultura fue responsable de su trágico desenlace.
Familiares y amigos de San Martín han comenzado a hablar públicamente, culpando directamente a la fundación por su muerte. Marta Lagos, madre de la exesposa de Alberto Larraín, fundador de ProCultura, afirmó que la situación de San Martín era consecuencia de la negligencia de la organización. Según versiones filtradas a la prensa, en una conversación interceptada, la exesposa de Larraín, Josefina Huneeus, llegó a afirmar que San Martín “tenía las cuentas, todo, todo, todo”, sugiriendo que estaba al tanto de las irregularidades financieras que se estaban llevando a cabo dentro de la fundación.
A pesar de ser formalmente contratado hasta su fallecimiento, el administrador general no recibió su sueldo ni sus imposiciones en los últimos meses, lo que ha evidenciado la crisis interna en ProCultura. La tensión en la organización se ha incrementado, ya que otros involucrados en el caso han comenzado a hablar. Mauricio Garay, también imputado, relató que San Martín tenía acceso a toda la información relevante y era una figura clave para Larraín en la gestión de ProCultura. La supresión de evidencia y la falta de transparencia han sido citadas como prácticas comunes en la organización.
Hasta el momento, la familia de Johnny San Martín no ha presentado acciones legales contra ProCultura ni contra Alberto Larraín, aunque su abogada, Constanza Gómez, ha expresado su disposición a apoyarlos en caso de que decidan actuar legalmente. Este escándalo ha hecho que el caso ProCultura siga siendo objeto de escrutinio público y de estudio por parte de las autoridades, que siguen investigando a fondo las prácticas corruptas que habrían llevado a la muerte de un hombre que fue, hasta sus últimos días, un pilar de confianza dentro de la organización.