En un claro esfuerzo por fomentar la transparencia y la probidad en la actividad pública, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini han presentado un oficio ante la Contraloría General de la República. Esta solicitud busca obtener un informe sobre la existencia de contratos entre parlamentarios en ejercicio y el Estado, lo que podría llevar a la inhabilitación de estos legisladores según el artículo 60 de la Constitución. Esta iniciativa ha ganado especial relevancia tras las numerosas críticas hacia la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y los posibles conflictos de interés que pueden surgir en las relaciones entre representantes del Estado y los contratos que celebran con él.
El artículo 60 de la Constitución establece explícitamente que los diputados y senadores perderán sus cargos si durante el ejercicio de sus funciones celebran contratos con el Estado. Esta normativa refuerza la idea de que quienes ocupan altos cargos públicos deben actuar con un estándar ético elevado y evitar situaciones que puedan comprometer su imparcialidad. La solicitud presentada por Manouchehri y Cicardini no es simplemente una investigación sobre posibles irregularidades, sino que también representa un giro hacia la rendición de cuentas, consolidando así la exigencia de la ciudadanía de que sus representantes actúen de manera íntegra.
El oficio detalla aspectos específicos que deben ser investigados, solicitando la identificación de los parlamentarios involucrados, la naturaleza de los contratos y las entidades estatales implicadas. Manouchehri y Cicardini enfatizan que la falta de claridad en estos asuntos no solo socava la confianza pública, sino que también plantea un riesgo significativo para la institucionalidad democrática. Este esfuerzo se enmarca dentro de una agenda más amplia impulsada por el Partido Socialista, que incluye propuestas como la ley «Fundaciones Transparentes» y la erradicación del secreto bancario en asuntos de poder, todo en pos de una administración pública más transparente.
Los avances en esta solicitud tienen potenciales implicaciones políticas que podrían sacudir el panorama legislativo chileno. Con una contraloría desempeñando un rol crucial, los hallazgos de su investigación podrían resultar en la destitución de varios miembros del Congreso. Los analistas apuntan que el éxito del llamado de Manouchehri y Cicardini dependerá en gran medida de cómo la Contraloría maneje y responda a esta solicitud. En un contexto político polarizado, las reacciones a cualquier irregularidad confirmada podrían dividir aún más a la clase política o, por otro lado, unir a aquellos que quieran proteger el estatus quo.
Finalmente, la batalla por la transparencia que lideran Manouchehri y Cicardini refleja un cambio de paradigma en la política chilena, donde la ética pública y la rendición de cuentas ganan terreno frente a la corrupción y la falta de fiscalización. Según las palabras de Manouchehri, “la ciudadanía exige claridad y sanciones efectivas”, un claro mensaje de que no se tolerarán los deslices en la administración pública. De esta manera, la acción de los diputados socialistas no solo busca abordar el problema inmediato, sino también sentar las bases para un futuro donde los principios de transparencia y ética sean pilares fundamentales en la política chilena.