Durante los últimos días, la Universidad San Sebastián se ha convertido en el epicentro de diversas manifestaciones por parte de su estudiantado, quienes han exigido una mayor seguridad en el campus. Las protestas se avivaron tras el robo de un computador a un alumno en las cercanías de la institución, un suceso que ha sido tomado como un claro indicador de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los estudiantes en el recinto. Los manifestantes reclaman que es imperativo que la universidad tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.
Sin embargo, la indignación de los estudiantes se intensificó al denunciar que las cámaras de vigilancia, que deberían servir para disuadir robos y garantizar la seguridad, no estaban operativas debido a que no estaban enchufadas. Este hecho ha desatado críticas hacia la administración de la universidad, que no solo enfrentó este incidente, sino que también ha sido señalada por la falta de mantenimiento en las instalaciones, tales como la carencia de suministro de agua en los baños.
Otro punto destacado por los estudiantes es que los torniquetes de acceso a la universidad funcionan principalmente para el control de personal administrativo, lo que permite el ingreso de personas externas al recinto sin la debida supervisión. Esta situación ha generado un sentido de inseguridad creciente entre los estudiantes, quienes sienten que su bienestar y sus pertenencias están en constante riesgo. La disconformidad se ha manifestado en redes sociales y en el ambiente académico, donde la comunidad educativa exige respuestas y acciones concretas.
La Universidad San Sebastián, que recibe el 45% de financiamiento público además de ingresos particulares, no es ajena a controversias que han marcado su historia reciente. En septiembre del año pasado, se dio a conocer que la exministra de Educación, Marcela Cubillos, percibía un sueldo bruto mensual de 17 millones de pesos por sus funciones de docencia, mientras se ausentaba en viajes a España. Esta revelación aumentó el rechazo hacia la gestión institucional y llevó a una mayor demanda de transparencia en el uso de recursos públicos.
Adicionalmente, la conexión de la USS con figuras políticas, como el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien ha sido mencionado en los polémicos chats del Caso Hermosilla, ha exacerbado la crisis que enfrenta la universidad. La comunidad educativa se siente traicionada no solo por la administración en cuanto a las condiciones de seguridad, sino también por las implicaciones políticas que afectan la imagen y la confianza en la institución. Ante este panorama, los estudiantes continúan organizándose y exigiendo que se les brinde un entorno seguro y un manejo transparente de los recursos que se les asignan.