La situación de la infancia en Chile sigue siendo alarmante, con un número creciente de niños y adolescentes en riesgo que requiere atención urgente. Esta semana, un nuevo informe ha revelado que el número de menores derivados al Servicio de Protección ha superado la cantidad total de nacimientos en el país, un dato que, a pesar de su gravedad, ha sido pasado por alto en medio de las polémicas políticas que dominan la escena nacional. Mientras los legisladores se concentran en debates acalorados, el destino de miles de niños vulnerables pasa a ser una estadística más, dejando en evidencia la indolencia frente a una emergencia social que no puede ser ignorada.
En los últimos cuatro años, el sistema de protección ha visto un aumento alarmante en el número de ingresos de infantes y adolescentes, que se ha duplicado. La realidad es que muchos de estos jóvenes enfrentan un futuro incierto, ya que al cumplir los 18 años, son expulsados de los programas de protección sin contar con el apoyo necesario para enfrentar la vida adulta. Este escenario es particularmente devastador para aquellos que no continúan sus estudios y carecen de redes de apoyo. La falta de preparación y recursos se traduce en una salida peligrosa, donde las posibilidades de caer en la criminalidad o en situaciones de explotación se aumentan significativamente.
En respuesta a esta inquietante tendencia, las hospederías del Hogar de Cristo han expresado una alarmante cifra: el acceso de jóvenes de entre 18 y 22 años, egresados del sistema de protección, que buscan refugio por estar en situación de calle ha incrementado notablemente. Este patrón no solo pone de manifiesto la ineficacia del sistema actual, sino que también subraya la necesidad de un cambio estructural. La realidad es que muchos de estos jóvenes, a pesar de haber sido cuidadores durante su infancia, terminan por enfrentarse a la dura realidad de la calle, una consecuencia directa de la falta de atención y cuidado continuo tras su mayoría de edad.
Sin embargo, existe una oportunidad para implementar cambios significativos en la legislación que rige el sistema de protección. En el Congreso, se discute actualmente una Ley de Armonización que podría abordar algunos de los fallos visibles en la protección de estos jóvenes, incluyendo la posibilidad de extender el cuidado más allá de los 18 años. Las organizaciones solidarias han solicitado la inclusión de cursos de capacitación laboral para aquellos que permanecen en residencias, así como el cumplimiento de ciclos de intervención necesarios para su desarrollo. Sin embargo, el gobierno aún no ha presentado propuestas concretas, y la falta de presión por parte de los legisladores ha sido decepcionante.
Es imperativo que las palabras de legisladores y autoridades se traduzcan en acciones que atiendan la realidad de nuestra infancia y juventud vulneradas. No se trata solo de discursos emotivos, sino de compromisos con un cambio real que garantice la inclusión social de estos jóvenes. En las próximas semanas, el Congreso tendrá la última oportunidad de marcar una diferencia en la vida de miles de menores. La indolencia y los eslóganes vacíos ya no son una opción; se requiere una acción decidida y ética para dar a estos jóvenes el futuro que merecen. Si realmente deseamos ver un cambio, es hora de actuar.