Según los resultados del Censo 2024, la población de nuestro país envejece a un ritmo acelerado. Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo, afirma que el 14% de las personas tiene 65 años o más, frente al 11,4% registrado en 2017 y al 8,1% de 2002. Este crecimiento, señala, no es un dato aislado sino una prueba de la necesidad de adaptar políticas y servicios sociales a una nueva realidad demográfica.
El Censo también revela que el 11,6% de los hogares está compuesto exclusivamente por personas de 65 años o más y que el índice de envejecimiento —la relación de mayores de 65 por cada 100 menores de 15— pasó de 31,3 en 2002 a 79 en 2024. Estas cifras, subraya Cortés, indican que el país está llegando a un punto de inflexión en el que la demanda de cuidados, pensiones y acompañamiento se intensificará más rápido de lo que el sistema puede responder.
En ese contexto, la experiencia de la política pública en materia de previsión social muestra contrastes. La reforma previsional aprobada el año pasado, tras más de una década de debate, contrasta con la incertidumbre que genera en campaña la continuidad de ciertos acuerdos sobre pensiones. Por su parte, el Ejecutivo impulsa un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados para dotar de institucionalidad y financiamiento estable. Sin embargo, Cortés advierte que, incluso en escenarios de avance, los recursos disponibles son insuficientes para cubrir las crecientes necesidades.
Una pieza clave de la legislación pendiente es la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Aunque ya fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputadas, su tramitación continúa en tercer trámite parlamentario y depende de la ratificación de los senadores. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas mayores han sido las principales impulsoras de este proyecto, que busca fijar obligaciones del Estado, procedimientos de acceso a la justicia y fortalecer la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
Ante esa coyuntura, la directora social del Hogar de Cristo y otras organizaciones llaman a agilizar la marcha normativa y a crear nuevos servicios que amplíen la cobertura de apoyo y cuidado. Reiteran que, ya envejecidos, no pueden permitirse una respuesta lenta ante una realidad que exige mayor institucionalidad y financiamiento estable. Según su mensaje, la sociedad civil debe liderar la presión para convertir en ley un marco que garantice derechos y dignidad para las personas mayores, antes de que la brecha entre demanda y oferta se ensanche.