La Contraloría Regional del Maule ha dado un golpe sobre la mesa tras descubrir una serie de irregularidades financieras en la Municipalidad de Longaví, concernientes a un examen de cuentas realizado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024. Durante este periodo, se identificó que el municipio desembolsó la exorbitante suma de $732.914.879 por un servicio de asesorías financieras, los cuales, según el juicio de la CGR, carecen de toda procedencia. Este desvío de recursos se atribuye a que dichos pagos no guardaban relación con un servicio especializado y, de hecho, recaían en tareas que deberían ser parte del deber de la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. La revisión detallada ha llevado a la Contraloría a decidir un reparo total sobre estos fondos, lo que implica la intención de recuperar el dinero indebidamente utilizado a través de 33 pagos identificados durante el examen.
Además de lo anterior, se ha detectado un manejo cuestionable en relación con los intereses generados por los saldos de fondos de terceros que la municipalidad ha administrado. Aparentemente, la Municipalidad de Longaví recibió un total de $847.723.141 en intereses sin contar con la autorización de las entidades depositantes. Esta falta de diligencia provoca no solo un desbalance financiero, sino una clara negligencia en el manejo de los fondos públicos. En respuesta a estas anomalías, la Contraloría ha instado al municipio a implementar controles más estrictos y a emitir órdenes de compra apropiadas que se alineen con contratos vigentes, así como asegurarse de que todo pago se realice dentro de los plazos establecidos.
Como parte de este proceso correctivo, la Municipalidad de Longaví deberá realizar una revisión exhaustiva de los fondos en sus cuentas, lo cual implica solicitar autorización a las entidades que suministraron los recursos y reintegrar el dinero si así lo amerita. También se instruyó a la administración municipal a que actualice sus procedimientos internos para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. Las demandas de transparencia y rendición de cuentas han obligado al municipio a reconsiderar sus métodos de operación, lo que podría tener implicaciones significativas en su gestión futura.
Además, se han encontrado discrepancias notables entre los extractos bancarios presentados por el municipio y los que reciben de la institución bancaria correspondiente. Estas diferencias fueron identificadas específicamente en los meses de febrero de 2023 y octubre de 2024, lo que pone aún más en la mira la necesidad de un control financiero más riguroso. Las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la investigación para esclarecer estas desfases, que podrían revelar un patrón más amplio de mala gestión financiera.
Finalmente, la Contraloría Regional ha ordenado la continuidad del procedimiento disciplinario establecido mediante el decreto N° 2.332 de 2025, lo que subraya la gravedad de las irregularidades encontradas. La entidad edilicia no solo enfrentará la presión del organismo fiscalizador, sino que también deberá dar explicaciones a la comunidad que observa con atención la transparencia en la administración de sus recursos. Este caso se convierte en un ejemplo claro de la importancia del control fiscal y la responsabilidad de los funcionarios públicos al administrar los fondos que pertenecen a la ciudadanía.