El panorama laboral en Chile se encuentra en un momento crucial, donde la digitalización ha dejado de ser una opción viable para transformarse en una exigencia ineludible. Con la mirada puesta en abril de 2026, cuando la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales, las empresas deben adaptarse a un ecosistema regulatorio cada vez más técnico. En este contexto, la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo se ha intensificado, mostrando un enfoque que no deja margen para el error manual. La digitalización de los procesos laborales se ha convertido así en la clave para la supervivencia de las organizaciones dentro de un marco legal en constante evolución.
Según Rubén Soto, abogado especialista en normativa laboral, la capacidad de cumplimiento normativo ha pasado de ser una mera intención a una necesidad operativa crítica. A pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones por cumplir con las regulaciones, persiste una brecha alarmante entre el deseo de conformidad y la capacidad real para demostrarlo ante las autoridades correspondientes. Las cifras reveladas por la Dirección del Trabajo reflejan esta problemática: durante el último periodo, se registraron 1.329 fiscalizaciones adicionales, de las cuales el 65% de las empresas inspeccionadas recibió infracciones, resultando en multas promedio de $2.8 millones.
Entre las infracciones más comunes destacadas en las fiscalizaciones se encuentra la incapacidad de exhibir la documentación necesaria, la cual acumuló más de 23 mil sanciones. Además, el manejo deficiente de los registros de asistencia y la falta de actualización de contratos por escrito se han sumado a la lista de problemas detectados. Ante este panorama, surge Workera como una alternativa destinada a mejorar la situación, ofreciendo una hoja de ruta que prioriza la eficiencia mediante el uso de tecnología. Claudia Toledo, Product Manager de Workera, señala que la «ansiedad normativa» se puede contrarrestar mediante un enfoque centralizado y ordenado en la gestión de procesos.
El uso de libros de asistencia manuales ha sido identificado como uno de los principales generadores de sobrecostos, lo que resalta la importancia de la digitalización. De acuerdo con Toledo, empresas del sector logístico que han adoptado soluciones digitales han logrado una reducción del pago de horas extras en un 47%, lo que se traduce en ahorros mensuales superiores a los USD $50.000. Mirando hacia el futuro, el reto se centra en la modernización documental exigida por la Ley 21.327, que establece la necesidad de mantener contratos y anexos en el Registro Electrónico Laboral (REL) y usar firma digital, apuntando a la centralización de archivos.
En este nuevo contexto, la precisión en el cálculo de haberes y descuentos previsionales, así como la operatividad de los comités paritarios según la Ley 16.744, se convierten en aspectos fundamentales de la gestión laboral. Finalmente, como concluye el abogado Rubén Soto, la clave de la fiscalización moderna radica en la transparencia digital: si la información no es trazable y está correctamente centralizada, para las autoridades simplemente no existe. Así, la digitalización no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también promueve la eficiencia y sostenibilidad en la gestión de las empresas chilenas.