La reciente publicación de The Clinic ha arrojado luz sobre un escándalo alarmante que revela la autorización por parte de un tribunal para que niñas del Sename visiten la casa de Gastón Pinochet, actual ministro del Tribunal Electoral del Maule e imputado por graves cargos de abuso sexual infantil. Esta situación ha generado una ola de indignación en el ámbito político y social en Chile, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de niños y niñas en sistemas de protección estatal que deberían resguardarlos.
La diputada Ana María Gazmuri no dudó en expresar su preocupación por la gravedad de estos hechos, señalando que a pesar de las múltiples denuncias y las exposiciones realizadas en la Sala y en la Comisión Investigadora del Servicio Mejor Niñez, la respuesta institucional fue claramente insuficiente. «No fue falta de información: fue falta de voluntad para actuar», enfatizó Gazmuri, aludiendo a la poca acción de las autoridades frente a un delito tan grave como el abuso sexual de menores.
La parlamentaria de Acción Humanista también subrayó la crucial labor del equipo de investigación de El Ciudadano, que ha estado revelando durante meses las conexiones entre Pinochet y residencias del Sename, así como su rol en la Corporación de Ayuda a la Familia. La exposición del caso no solo ha puesto en tela de juicio la independencia y eficacia del poder judicial, sino que también ha sacudido los cimientos de las instituciones encargadas de la protección de la infancia.
“Gracias a El Ciudadano”, manifestó Gazmuri, “supimos que Gastón Pinochet fue imputado por violación, abuso sexual infantil y producción de pornografía infantil, y que, aun así, el Estado permitió que siguiera vinculado a niñas bajo protección.” Este descubrimiento pone de relieve no solo la inoperancia del sistema, sino también la complicidad que puede existir en las estructuras que se supone deben proteger a los más vulnerables.
En conclusión, Gazmuri reiteró su firme compromiso en la defensa de la niñez vulnerada, expresando que no se puede seguir tolerando el fallo del sistema frente a los más indefensos. «Hay responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que deben asumirse», concluyó, abogando por acciones concretas que garanticen la seguridad y bienestar de los niños y niñas en Chile, lo que sin duda será un desafío monumental para el Estado y toda la sociedad.