La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha dado su autorización en Fase 1 para la operación de concentración entre Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), sujeta al cumplimiento de diversas medidas de mitigación. Esta transacción es parte de un acuerdo de asociación público-privada en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio, donde Codelco, históricamente enfocada en el sector del cobre, comenzará a incursionar en la extracción, procesamiento y comercialización de litio. SQM, por su parte, es reconocida como una de las principales empresas en la producción de este mineral, lo que añade un componente estratégico a esta alianza. El acuerdo contempla la creación de un Joint Venture que operará en el Salar de Atacama, específicamente en la extracción y comercialización de litio en sus formas de carbonato e hidróxido.
La FNE ha expresado sus preocupaciones sobre los riesgos que esta asociación puede acarrear para la competencia en el mercado del litio, ya que podría fortalecer los lazos entre actores clave del sector. Este fortalecimiento podría facilitar la coordinación entre competidores y permitir el intercambio de información sensible, afectando la dinámica competitiva en el futuro. Para contrarrestar estos riesgos, tanto Codelco como SQM han presentado compromisos destinados a mitigar las preocupaciones de la FNE. Estos compromisos incluyen restricciones para evitar el interlocking, la implementación de normas de confidencialidad estrictas y un gobierno corporativo que minimice posibles conflictos de interés. La FNE considera que estas medidas son “proporcionales, idóneas y efectivas” y ha señalado que su División de Fiscalización estará atenta al cumplimiento de estos compromisos.
A pesar de la aprobación del acuerdo por parte de la FNE, este ha generado un amplio debate y crítica desde diversos sectores, particularmente por parte de representantes políticos. Cristian Tapia, diputado independiente de la Región de Atacama, ha sido uno de los más vocales en sus críticas, señalando que la falta de transparencia y los beneficios económicos directos para el Estado aún no están claros. Tapia ha cuestionado la valorización del acuerdo y la falta de un proceso de licitación pública, sugiriendo que el contrato actual no garantiza beneficios tangibles para el país. Su postura es que se debería llevar a cabo una investigación más exhaustiva y una licitación abierta internacional para que otras empresas pudieran postularse, asegurando así el mejor interés para Chile.
Además, se ha puesto de manifiesto la preocupación en relación al contrato que otorga a SQM un derecho preferente para adquirir el 100% de la producción de cloruro de potasio del Joint Venture. Aunque la FNE concluyó que este aspecto no afecta de forma significativa la competencia en el mercado de productos relacionados, han decidido abrir una investigación paralela para examinar posibles prácticas anticompetitivas en el sector potásico en Chile. Esta investigación busca garantizar que no haya infracciones a la normativa de libre competencia, lo cual es crucial para mantener un mercado equitativo y funcional, especialmente con la creciente relevancia del litio en la economía local e internacional.
La creación de este Joint Venture entre Codelco y SQM marca un giro significativo en la estrategia del país hacia la explotación de recursos minerales esenciales en la economía contemporánea. El litio, siendo considerado un mineral estratégico para la transición hacia energías más limpias, ha capturado la atención de inversores y empresas en todo el mundo. No obstante, este acuerdo también resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que contemple la protección de la competencia y el interés público. A medida que avanza el proceso bajo la supervisión de la FNE, será crucial seguir de cerca los desarrollos y las repercusiones económicas del acuerdo, así como la respuesta del gobierno y los legisladores ante las críticas al mismo.