El pasado 19 de marzo, durante una sesión de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, se registró un tenso intercambio entre el presidente de la comisión, el diputado Jaime Naranjo (Ind.-PS), y Loreto Letelier, excandidata a alcaldesa de Lo Barnechea. Letelier fue convocada para esclarecer aspectos jurídicos del proceso, pero su intervención fue objeto de críticas por no ajustarse a la temática solicitada. Naranjo corrigió a Letelier al finalizar su presentación, indicando que su exposición se había centrado en los argumentos de fondo de la acusación, en lugar de los límites y alcances constitucionales del mecanismo de la acusación misma.
La defensa de Letelier, quien intentó justificar su enfoque argumentando que otros expositores también habían tocado el fondo de la acusación, fue rápidamente desestimada por Naranjo. El presidente de la comisión reafirmó su postura destacando que todos los constitucionalistas presentes habían sido claros en que debían referirse exclusivamente a los aspectos constitucionales y no a los detalles del caso. Esta discrepancia generó un momento de tensión en la sala mientras Naranjo dejaba constancia en acta de que la intervención de Letelier no cumplía con lo solicitado, lo que añade presión sobre el formato y objetivo de las exposiciones en tales comisiones.
En un giro significativo, la comisión revisora desestimó el libelo de acusación constitucional presentado por la oposición contra la exministra Maya Fernández. Con una votación que resultó en cuatro votos en contra — de los diputados Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda, Leonardo Soto y Emilia Schneider — y solo uno a favor, del diputado Jorge Durán, la iniciativa fue rechazada. Este resultado ha sido interpretado por algunos como un respaldo a la gestión de Fernández en medio de la controversia sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia, un tema que ha polarizado las opiniones en el país.
La decisión de la Cámara Baja de rechazar la acusación contra Fernández el mismo día también teje un contexto más amplio sobre la percepción de la oposición y su estrategia legal. Este episodio evidencia no solo la dificultad de la oposición para hacer avanzar sus acusaciones, sino también la falta de consenso en torno a la figura de la exministra y su gestión. La negativa a continuar con el proceso apunta a un debilitamiento de los argumentos en torno a la acusación y una falta de pruebas que sustenten las exigencias de la oposición.
Finalmente, la controversia que ha surgido en torno a esta acusación constitucional resalta la necesidad de claridad y rigor en los procedimientos legislativos. La falta de formación adecuada en aspectos constitucionales por parte de algunas figuras políticas, ejemplificada en la intervención de Letelier, pone en relieve la importancia de que los convocados a estas instancias se preparen y comprendan cabalmente el contexto legal requerido. El ambiente tenso y crítico que se desarrolló durante la sesión puede resultar en futuras exigencias de mayor preparación y definición de los roles dentro de estas comisiones, esencial para fortalecer la calidad del debate legislativo en el país.