Un video que circuló ampliamente en las redes sociales capturó, este jueves, a guardias municipales de Viña del Mar agrediendo de manera violenta a una persona en situación de calle, en la calle Etchevers, una de las arterias más concurridas del centro de la ciudad. Este incidente, que se produjo en el contexto de un procedimiento relacionado con un robo, desató una ola de indignación y repudio dentro de la comunidad local. A medida que las imágenes se volvieron virales, la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios se acentuó.
Ante la gravedad del hecho y la respuesta comunitaria, el Municipio de Viña del Mar tomó acciones inmediatas al suspender a los inspectores involucrados en la agresión. La alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, aclaró que, además de la suspensión, se inició una Investigación Interna con el propósito de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales. «Como municipio, condenamos rotundamente lo sucedido y hemos tomado las siguientes medidas de manera inmediata», declaró con firmeza Ripamonti durante una conferencia de prensa.
Entre las medidas adoptadas por el municipio, la alcaldesa destacó la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público, lo que permitirá avanzar en las diligencias penales correspondientes. «Estamos colaborando con la fiscalía para asegurar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que los implicados enfrenten las consecuencias de sus acciones», enfatizó Ripamonti, reafirmando el compromiso de su administración con la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Además de la denuncia penal, el municipio implementará acciones administrativas internas que evaluarán la legalidad del procedimiento utilizado por los inspectores y la manera en que se manejó la situación con la persona afectada. Así lo indicó la alcaldesa, quien aseguró que estas medidas no solo buscan determinar la culpabilidad de los funcionarios involucrados, sino también evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
El incidente ha reabierto el debate sobre el trato hacia las personas en situación de vulnerabilidad y la responsabilidad de las autoridades locales en la protección de sus derechos. La respuesta rápida por parte del Municipio de Viña del Mar ha sido recibida con aplausos por parte de organizaciones de derechos humanos, aunque también se avizoran demandas por un cambio más profundo en la formación y procedimiento de los cuerpos de seguridad. La comunidad sigue a la espera de los resultados de la investigación y de un compromiso firme para asegurar que situaciones de abuso no se repitan.