El episodio reciente que involucra un allanamiento a la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y a los domicilios de figuras claves como el exasesor del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor, y el miembro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, ha captado la atención de la opinión pública y de la justicia. Estas diligencias ocurrieron en un contexto donde se modificaron las medidas cautelares impuestas al abogado Luis Hermosilla, quien recientemente dejó la prisión preventiva para ser sometido a arresto domiciliario total. La Fiscalía de Rancagua, encargada de la investigación, solicitó el registro de la vivienda de Pablo Urquízar, quien fue responsable de la Macrozona Sur en la administración de Piñera, aunque la solicitud fue rechazada por el tribunal debido a falta de especificaciones adecuadas en la dirección.
La jueza Daniela Guerrero, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó los allanamientos tras una petición formal de la Fiscalía Regional de Rancagua, liderada por el fiscal jefe de Alta Complejidad, Javier Von Bischoffshausen. Esta línea de investigación busca esclarecer posibles delitos como cohecho, soborno y tráfico de influencias relacionados con Luis Hermosilla. Uno de los nombres más destacados en este cúmulo de situaciones es el de Héctor Mery, cuya trayectoria en el ámbito judicial y su cercanía a nombramientos de altos funcionarios han levantado numerosas sospechas sobre la ética y la legalidad de los procedimientos llevados a cabo durante su carrera.
Héctor Mery Romero, abogado destacado con una solidificada trayectoria en el ámbito legal, era bien conocido antes de su nombramiento en el Tribunal Constitucional en enero de 2024. Su formación en la Pontificia Universidad Católica y su carrera, que incluyó asesorías en la Intendencia Regional Metropolitana y como director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea, lo vinculan a círculos políticos de diversas orientaciones. A pesar de haber comenzado en un contexto más vinculado a la Democracia Cristiana, Mery ha logrado consolidarse como una figura emblemática del sector derecho en Chile, ocupando cargos activos que le permitieron influir en la designación de autoridades judiciales y haciendo de su carrera un ejemplo de las conexiones políticas que pueden formar parte de la judicialización en el país.
Su participación en la Fundación Jaime Guzmán y como abogado integrante en dos Cortes de Apelaciones en Santiago y San Miguel refuerzan su perfil en la judicatura chilena, aunque su carrera no ha estado exenta de controversias. Mery fue señalado en un reportaje por no inhabilitarse en un caso donde tenía intereses personales, lo que generó cuestionamientos sobre su imparcialidad. Además, su nombre ha surgido en conversaciones filtradas relacionadas con Antonio Ulloa, donde se discutían influencias en nombramientos judiciales, planteando un posible nexo entre las decisiones legales y el favoritismo político.
El contexto actual pone de relieve la interrelación entre el aparato judicial y la política en Chile, destacando la necesidad de investigar a fondo las conexiones y la posible corrupción dentro de los organismos que velan por la justicia. La reciente modificación de las medidas cautelares de Hermosilla, junto a estos allanamientos, ejemplifica la complejidad del sistema judicial en el país, donde las figuras judiciales están siendo objeto de escrutinio público, revelando un entramado que podría afectar la percepción de la justicia en Chile. A medida que avanza la investigación, se espera que se esclarezcan las implicancias de estos allanamientos y el impacto que tendrán en la carrera política y judicial de los involucrados.