Durante la mañana del pasado miércoles, el medio de comunicación Interferencia sacó a la luz una controvertida revelación que involucra al diputado Tomás De Rementería. Según el reportaje, este legislador habría contratado a Juan Antonio Soto, un individuo que fue condenado en 2017 por estafar a 37 personas en un fraude que ascendía a 22 millones de pesos, el cual consistía en simular postulaciones a subsidios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). La gravedad de esta situación ha suscitado una fuerte reacción en el ámbito político y social, dado que la contratación de una persona con antecedentes penales de tal naturaleza plantea cuestionamientos sobre el proceso de selección de asesores en el Congreso.
La condena a Soto incluyó una pena de tres años de prisión, que fue sustituida por una remisión condicional, así como una multa de tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y una prohibición de ejercer funciones en el ámbito público durante la duración de la condena. Sin embargo, a pesar de su historial delictivo, Soto ingresó al Senado como asesor territorial de Isabel Allende en 2018 y, posteriormente, desde marzo de 2022, comenzó a prestar servicios como asesor del diputado De Rementería. Estas circunstancias han generado una discusión sobre la transparencia y la ética en la contratación de personal dentro de las instituciones del Estado.
Ante las acusaciones, El Ciudadano contactó al diputado Tomás De Rementería para esclarecer las circunstancias de la contratación de Soto. En sus declaraciones, De Rementería afirmó que se enteró de la condena de Soto a través de los medios de comunicación, ya que este había superado todos los filtros de verificación establecidos por la Cámara de Diputados. Según el parlamentario, Soto había sido recomendado por varios colegas y concejales, lo que refuerza la teórica confianza depositada en su profesionalismo a pesar de su pasado judicial.
De Rementería añadió que, tras conocer la situación, se comunicó con Soto y decidió desvincularlo de sus funciones no solo por el hecho de su condena, sino porque considera que no había recibido información clara al respecto. El diputado hizo hincapié en su creencia en la rehabilitación de las personas y en que, al examinar el certificado de antecedentes de Soto, este no reflejaba ningún delito vigente. Aún así, expresó su preocupación por una aparente omisión de la condena y sugirió que alguien podría haber manipulado la información a la que se tuvo acceso.
Finalmente, el parlamentario reafirmó su decisión de terminar la relación laboral con Juan Antonio Soto, indicando que su desconocimiento sobre la situación fue fundamental para su resolución. Este incidente ha puesto sobre la mesa no solo el debate sobre la idoneidad de los asesores en el Parlamento, sino también la necesidad de mejorar los mecanismos de filtrado y verificación de antecedentes para evitar futuros escándalos que puedan comprometer la imagen de los representantes públicos.