Aumenta la controversia por el estado de excepción decretado por el Gobierno

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«Nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas o declaraciones», dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una rueda de prensa. En conflicto en la zona sur del país que involucra a la comunidad indígena mapuche y grandes grupos empresariales lleva varias décadas y no ha podido ser resuelto por ninguno de los Gobiernos chilenos.

En un inesperado giro a su política, el Gobierno de Gabriel Boric decretó el pasado lunes 16 de mayo, el estado de excepción en dos regiones del sur del país en donde existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado chileno, empresas forestales y comunidades mapuche por la supuesta explotación de tierras consideradas ancestrales por indígenas.

Puntualmente fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció el estado de emergencia en el país, una medida en la que se permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la “zona macrosur” en donde los uniformados buscarán apaciguar la creciente violencia.

La decisión de enviar personal militar a este delicado conflicto del país, que antes de llegar al poder Gabriel Boric criticó con vehemencia, da autoridad directa al pelotón de custodiar rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío, foco de episodios de violencia que se ha incrementado en las últimas semanas.

«Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques. También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país», justificó la medida que durante meses criticó ferozmente la ministra del interior, Izkia Siches, la noche del lunes.

Y es que la propia ministra fue testigo de la crítica situación de seguridad cuando, dos meses atrás, recibió disparos al aire como una advertencia violenta de su llegada a la zona con el ánimo de entablar el diálogo con las comunidades. 

Una decisión difícil

Con un poco más de dos meses en el poder, el presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó este jueves que la decisión de decretar el estado de emergencia busca «garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y garantizar el abastecimiento y el libre tránsito».

Durante su campaña presidencial, Boric había prometido que de llegar al Gobierno, él no renovaría el estado constitucional de emergencia que había decretado en octubre del año pasado su antecesor, Sebastián Piñera. 

En repetidas ocasiones el exlíder estudiantil se mostró convencido de que las fuerzas militares son la solución “para una problemática histórica y de territorio como esta”.

En medio de un reclamo constante de los camioneros y trabajadores forestales para restablecer la seguridad en la zona y sin el respaldo de los ciudadanos a la decisión del Gobierno, el joven presidente de 36 años ha recibido acusaciones de diferentes sectores políticos y sociales de haber “traicionado una promesa electoral”. 

Quienes han salido a defender al presidente chileno aseguran que el estado de excepción de esta vez no es una continuación de las medidas tomadas por Piñera, aseguran que es completamente diferente y que el enfoque de la nueva medida es con el fin de preservar las vías públicas sin establecer operativos militares alrededor de las viviendas indígenas. 

Un conflicto histórico

En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. Ahí, el pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa del país sudamericano, reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los mapuche y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX. 

En una entrevista, el politólogo, analista y exdiplomático, Gabriel Gaspar, argumentó que “en realidad la deuda es del Estado chileno y no de un Gobierno en particular con los pueblos originarios. Este tema es parte de las deliberaciones que ha desarrollado la convención constitucional que está por terminar su mandato y proponer al país un nuevo pacto social en el cual se va a incluir como un capítulo importante el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios”.

En el largo conflicto histórico se han registrado, casi a diario, ataques incendiarios a maquinarias, cortes de rutas que entorpecen el abastecimiento del país y daño al bien público.

En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

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