Han pasado dos años y medio desde que la salmonera Australis Seafoods, actualmente bajo el control de la multinacional china Joyvio, se autodenunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por haber excedido la producción permitida en más de 100 mil toneladas de salmón en 33 centros de cultivo en el sur de Chile. Este caso, que inicialmente se centró en problemas de incumplimiento ambiental, fue escalando hacia una compleja trama de querellas por estafa y administración desleal, así como un juicio arbitral relacionado con la millonaria venta de la compañía. La autodenuncia, que dató de octubre de 2022, fue impulsada por la acusación a la anterior administración, liderada por Isidoro Quiroga, de haber manipulado la producción con el fin de inflar el precio de la empresa antes de su venta a Joyvio por US$921 millones.
En el marco de la investigación judicial que se desarrolla en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, han surgido correos electrónicos internos que revelan un entramado complicado de acusaciones entre las diferentes administraciones de Australis. Las comunicaciones entre ejecutivos evidencian un clima tenso y la existencia de estrategias para dilatar posibles sanciones por parte de la SMA. Esto ha mantenido el caso en el centro de la atención pública, en una situación donde la falta de claridad sobre las responsabilidades ha generado confusión y desconfianza en la gestión de la empresa, tanto anterior como actual.
Asimismo, ha emergido la figura del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en este escándalo, pues ya había alertado sobre la sobreproducción de Australis mucho antes de la autodenuncia. Documentos internos muestran que, en enero de 2022, Santiago Garretón, gerente de administración y finanzas de la empresa, advirtió sobre el aumento en la fiscalización y la necesidad de negociar con la SMA mediante reuniones ‘informales’ para evitar sanciones. Esta estrategia reveló una falta de confianza en las instituciones y planteó interrogantes sobre la integridad del proceso de fiscalización ambiental en un contexto donde los cambios en el gobierno podían afectar el avance de la presión regulatoria.
El papel de la Superintendencia del Medio Ambiente se ha convertido en un aspecto polémico en este asunto. La actual administración de la SMA, dirigida por Marie Claude Plumer, sostiene que no hubo un cambio en la manera de fiscalizar a la industria, y que cualquier retraso se debe a la falta de recursos. Sin embargo, la versión de Cristóbal de la Maza, quien estuvo al mando anteriormente, difiere al argumentar que implementó un nuevo criterio que aumentó las exigencias para la producción, lo que afectó retrospectivamente a las cosechas. Esta variabilidad en las interpretaciones añade más capas de complejidad al caso, especialmente en el contexto de los juicios y las llegadas de nuevas pruebas.
Por último, el hecho de que Joyvio, después de la adquisición de Australis, haya continuado con prácticas de sobreproducción complica aún más la situación. Emails internos de la compañía sugieren que Vincent Dong, director de la salmonera, ordenó aumentar la producción sin demoras, priorizando la liquidez financiera. Esto plantea la posibilidad de que ambas gestiones, tanto la chilena como la china, hayan estado involucradas en irregularidades que no solo afectan la reputación de la empresa, sino que también dificultan el avance del juicio arbitral y las acciones legales por estafa en curso. A pesar de las investigaciones iniciadas por la SMA, estas se han visto limitadas, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización de la industria pesquera en el país.