Encuesta CADEM: 93% de los chilenos no quieren ser cambiados de AFP sin que les pregunten antes

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La encuestadora, en su más reciente estudio semanal, consultó sobre la idea de licitar afiliados de las AFP y pese a que la mayoría estuvo de acuerdo en tener la posibilidad de cambiarse a una AFP que cobrara menos comisión, un 93% de ellos señaló que el Estado podría hacerlo sólo con el consentimiento previo y expreso del afiliado. 

Sigue el debate en torno a la reforma de pensiones ya que durante esta semana se espera que el Gobierno ingrese los cambios acordados con la Oposición a su propuesta original, para que así ésta pueda votarse a partir de la próxima semana en la Cámara Alta.

Uno de los puntos en los que habría acuerdo entre los senadores de ambos sectores es en ampliar la licitación de afiliados a los afiliados más antiguos (los que llevan más años en el mercado laboral y más años cotizando), y cada año cambiar a una porción de ellos, tras un sorteo, a la administradora que ofrezca una menor comisión.

Según la encuesta CADEM, que todas las semanas va tomando la temperatura a los temas de actualidad y la aprobación presidencial, el mecanismo de licitación requeriría de un aspecto clave para que los chilenos estén de acuerdo con la medida: el consentimiento previo del afiliado antes del cambio.

Así, la encuesta señaló que más de un 60% de los chilenos estaría dispuesto a aceptar el cambio forzado por el Estado de una administradora a otra que ofrezca una comisión más barata, pero el 93% de ellos sólo lo haría si el Estado le pregunta la opinión del afiliado antes del cambio. Así, la amplia mayoría de los chilenos estaría de acuerdo con la licitación, sólo existiendo el consentimiento expreso del afiliado, previo al cambio.

Actualmente, la propuesta del Gobierno incluye este mecanismo de licitación con el cambio de administradora ocurriendo automáticamente, lo que, según algunos expertos en la materia, violaría el derecho a elegir del afiliado porque éste sólo podría revertir el cambio haciendo el trámite expresamente dentro de un período de 30 días posterior a la licitación. Si el afiliado no responde, o no hace el trámite, el Estado entenderá la omisión o el silencio como aceptación, algo que para el abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, sería inconstitucional ya que nunca el silencio puede reemplazarse por el consentimiento explícito del afiliado. 

Los datos de la última encuesta CADEM parecen respaldar esta hipótesis, mostrando que los chilenos sí desean ser consultados antes de que los cambien de AFP. Otros expertos, como el abogado y ex subsecretario de Trabajo, Pedro Pizarro, han advertido que, sin este consentimiento, podría darse el caso que muchos jubilados de nuestro país amanecerían de un día para otro en una AFP distinta a la que han ido siempre, una AFP que quizás no tenga oficinas físicas en su comuna o en su región, generando un problema de proporciones donde el responsable será el Estado. 

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