La propuesta de Evelyn Matthei de construir una mega cárcel en Atacama, denominada «El Arenal», ha desatado una intensa controversia en la región. En un terreno de 800 hectáreas, la exalcaldesa prometió construir una prisión moderna en un plazo de tres años, asegurando que los criminales más peligrosos estarán completamente aislados, lo que según ella, se convertiría en un mecanismo efectivo para combatir el crimen organizado que, afirma, opera desde las actuales instalaciones penitenciarias. Esta declaración ha generado un amplio debate sobre la efectividad y la necesidad de este tipo de proyectos en el contexto nacional.
El rechazo a la propuesta no se ha hecho esperar. Autoridades locales y representantes de la región de Atacama han manifestado su indignación. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, criticó la iniciativa e la calificó de «falta de respeto», argumentando que no se puede convertir el norte en una «zona de sacrificio» debido a su geografía desértica. Esta postura refleja un sentir generalizado entre los habitantes de la región, quienes ven la propuesta como una forma de estigmatizar aún más a una zona que ya enfrenta suficientes desafíos.
En una respuesta sarcástica, la senadora Yasna Provoste se unió a las críticas hacia Matthei, cuestionando la lógica detrás de querer enviar a todos los criminales peligrosos de Chile a Atacama. Provoste, conocida por su estilo incisivo, planteó la interrogante de por qué la candidata de derecha no propone ubicar tales cárceles en zonas más urbanas como Providencia, creando un contrapunto que pone de manifiesto las desigualdades territoriales en las políticas de seguridad propuestas por los candidatos.
Por otro lado, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, también salió al cruce de Matthei, sugiriendo que sería beneficioso que la candidata tomara en cuenta el plan maestro de infraestructura carcelaria que está en curso. Recordó que la nueva cárcel de Copiapó ya se encuentra en proceso de licitación y subrayó la importancia de abordar la discusión sobre la seguridad pública con una perspectiva de Estado, fundamentada en datos y evidencias. Este llamado pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral en la solución del problema del crimen en el país.
El debate en torno a la propuesta de Matthei resalta no solo la fragmentación de la opinión pública sobre cómo abordar el problema del crimen, sino también las diferencias significativas en la gobernanza entre las regiones y la capital. Las reacciones contrapuestas indican que la cuestión de la seguridad y la infraestructura penitenciaria debe ser tratada con seriedad y respeto, evitando la trivialización de un tema tan crucial que afecta directamente la vida de muchas personas. En este sentido, la construcción de cárceles no debe ser solo una respuesta a la criminalidad, sino parte de un enfoque más amplio que incluya prevención y rehabilitación.