Querella revela participación de padre, madre e hijo en delito contra Casas Chile SpA

fraude familiar marcelo gomez castro
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Una querella criminal en el Juzgado de Garantía de San Bernardo pone en el centro a un exgerente, su hijo y esposa como autores de una red de administración desleal, fraude y desviación de fondos que dejó a Casas Chile SpA con pérdidas superiores a $3.500 millones.

La crisis interna que atraviesa Casas Chile SpA, empresa líder en el rubro de casas prefabricadas en Chile, ha dado paso a uno de los procesos judiciales más relevantes y mediáticos de este año. 

El caso, que se tramita ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, acusa directamente a tres miembros de una misma familia: Marcelo Gómez Castro, quien se desempeñaba como gerente comercial y de operaciones; su hijo, Fernando Ignacio Blumen Flores, jefe de la sucursal de Concepción; y su esposa, Jeannette Andrea Flores Lorca, quien tenía acceso y gestión en áreas administrativas clave.

La querella presentada por la administración actual de Casas Chile SpA describe un esquema fraudulento altamente organizado, en el que los tres principales imputados, valiéndose de su posición y de la confianza depositada en ellos, articularon una red de venta informal de casas, desviaron pagos de clientes a cuentas particulares y permitieron robos de contratos, incumpliendo deliberadamente sus obligaciones para beneficiar su propio patrimonio. 

De acuerdo con el expediente, Marcelo Gómez Castro era la figura central del operativo, supervisando y coordinando todas las maniobras, mientras Fernando Ignacio Blumen Flores servía como brazo ejecutor en Concepción y Jeannette Andrea Flores Lorca facilitaba los movimientos internos desde la gestión administrativa.

La operación ilícita no solo tenía impacto financiero. La querella detalla situaciones en las que tanto empleados como clientes recibieron malas prestaciones, trabajos inconclusos y promesas incumplidas. 

Los colaboradores directos de los imputados mantuvieron silencio por temor y por posibles incentivos, mientras que los registros oficiales eran manipulados para ocultar las irregularidades ante la administración central y los entes reguladores. El fraude escaló al punto que, cuando la empresa obtuvo un crédito bancario importante, los imputados intercedieron para frustrar la operación, impidiendo que la compañía pudiera recuperarse de los daños causados en periodos anteriores.

El monto sustraído supera los $3.500 millones de pesos, según calcula el documento de querella, aunque se teme que el perjuicio global pueda ser mayor debido a contratos no ejecutados y obras abandonadas. 

Los daños reputacionales resultan igual de graves: la confianza de cientos de clientes que apostaron por Casas Chile SpA se vio quebrada, y el negocio estuvo al borde de la paralización total.

Legalmente, se les atribuye el delito de administración desleal, tipificado en los artículos 470 N° 11 y 467 del Código Penal chileno, junto con malversación de fondos, fraude por abuso de confianza, colusión y obstrucción de operaciones financieras. 

Además, la querella solicita la ampliación de la investigación a todos los colaboradores internos y externos que pudieran estar involucrados como cómplices, encubridores o facilitadores del esquema.

Ministerio público investiga

Actualmente, el Ministerio Público ha dispuesto diligencias como la revisión contable, declaración de testigos y citación de los principales implicados. El proceso podría extenderse por meses, dada la cantidad de contratos y movimientos a revisar y el volumen de testimonios que aportan a una trama compleja y ramificada.

Como respuesta, la dirección de Casas Chile SpA ha reforzado sus controles internos, reorganizado su estructura y trabaja activamente en la recuperación de la confianza pública, además de solicitar la restitución de fondos y la reparación civil completa. 

Los demandantes esperan que este caso marque un precedente en la protección de las empresas frente al abuso de confianza y al delito económico cometido desde altos cargos directivos.

El desenlace judicial determinará no solo las consecuencias penales para Marcelo Gómez Castro, Fernando Ignacio Blumen Flores y Jeannette Andrea Flores Lorca, sino también el futuro institucional y comercial de una de las empresas más influyentes del sector habitacional chileno.

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