El Juzgado de Garantía de Iquique ha dado un paso significativo en el llamado «Caso Cajas de Alimentos» al dictar este martes el auto de apertura del juicio contra ocho imputados. Esta decisión, tomada durante una extensa audiencia presidida por el juez Frederick Roco, se fundamenta en las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, que incluye cargos de fraude al fisco y otros organismos estatales. La lista de acusados es encabezada por el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, junto a su equipo cercano, incluyendo a su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo, y la exconsejera regional, Daniela Solari. La Fiscalía ha solicitado penas severas, que alcanzan hasta diez años de prisión y una inhabilitación de siete años para ejercer cualquier cargo público.
Durante la audiencia preparatoria, que se prolongó por cerca de cinco horas, el juez Roco expuso un resumen de las imputaciones que pesan sobre los 15 investigados en este caso, de los cuales ocho se enfrentarán al juicio oral. Las defensas de los acusados presentaron sus alegaciones, resaltando la importancia de proceder con un proceso justo y transparente. La Fiscalía ha recopilado una cantidad considerable de pruebas, incluyendo 692 documentos y 85 evidencias materiales que van desde correos electrónicos hasta órdenes de compra y resoluciones de la Intendencia Regional de Tarapacá. Asimismo, el testimonio de 69 testigos será parte fundamental del proceso judicial que se avecina.
El escándalo del «Caso Cajas de Alimentos» se desató en junio de 2020, cuando un reportaje de Radio Paulina expuso irregularidades en la adjudicación de licitaciones millonarias a productoras de eventos y a una chef, quienes carecían de experiencia en la distribución de alimentos. La Contraloría General de la República identificó sobreprecios alarmantes en el proceso de compra de cajas de alimentos, con un sobrecosto que ascendió a 232 millones de pesos en el primer proceso y a más de 282 millones en el segundo. Este escándalo no solo ha puesto en evidencia actos de corrupción, sino que también ha movilizado a varias figuras políticas y ha dado lugar a un proceso de formalización que continúa en curso.
La magnitud del fraude ha llevado a que este caso se convierta en un símbolo de la lucha contra la corrupción en el gobierno regional. La pesquisa ha sido ampliada en varias ocasiones, incluyendo nuevos imputados y acusaciones, como es el caso de María Lemus Espinoza, actualmente funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, y otros individuos vinculados a diferentes dimensiones del escándalo. La llegada al juicio oral representa una etapa crucial en este proceso judicial, donde se espera que se aclare el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en el manejo indebido de recursos públicos destinados a la ayuda social.
Con este juicio, se anticipa un seguimiento exhaustivo por parte de la sociedad civil, así como de los medios de comunicación, frente a un caso que ha capturado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a su impacto en la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones. La fecha de inicio del juicio será determinada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, y se espera que durante este proceso se esclarezcan las responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes, en un contexto donde la rendición de cuentas y la transparencia son altamente valoradas por la ciudadanía.