En un impacto significativo en la política regional, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento a las oficinas de la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía en Temuco el pasado miércoles 9 de abril. Este operativo, solicitado por el gobernador René Saffirio, tuvo como objetivo incautar documentos, computadores y una pizarra que contenía información crítica vinculada a presuntos desvíos de fondos públicos en el contexto del Caso Convenios. La operación busca esclarecer las irregularidades que involucran a exfuncionarios asociados a la derecha política, generando un fuerte interés mediático sobre las prácticas de financiamiento en la región.
El gobernador Saffirio, quien preside el directorio de la Corporación, se vio obligado a reabrir las oficinas que habían permanecido inactivas durante varios meses para investigar los documentos recientes que encontró. Declaró que el material recuperado es esencial para la investigación fiscal en curso. Esta situación ha destapado una serie de irregularidades relacionadas con la administración pasada, en la cual se sugiere que se utilizaron recursos públicos de manera poco transparente. El descubrimiento de estos documentos ha llevado a la fiscalía a tomar un papel activo en la indagatoria.
Un informe publicado por Araucanía Diario ha arrojado luz sobre la situación interna de la Corporación, revelando que varios exfuncionarios de Evópoli y la UDI siguen siendo contratados, a pesar de la falta de resultados tangibles en sus respectivos cargos. Por ejemplo, la abogada Stephanie Caminondo percibe un salario de 3,5 millones de pesos, mientras que el gerente interino Carlos Rosas gana 4,7 millones. Estas prácticas han sido tildadas de «pagos políticos» y han generado un gran debate sobre la utilización de recursos destinados a proyectos de desarrollo que serían desviados para beneficio de individuales.
La denuncia de Araucanía Diario sugiere que la corporación operaba como una «caja pagadora» de favores políticos, una acusación que también ha estado presente en gobiernos anteriores de diversas tendencias políticas. La continuidad de esta práctica a lo largo de los años despierta cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, una situación alarmante que el gobierno actual se compromete a resolver.
La reacción ante estos hallazgos ha sido contundente. El gobernador Saffirio ha subrayado la urgencia de limpiar las prácticas irregulares que han marcado la gestión de la corporación, advirtiendo que esta opacidad ha sido heredada de administraciones anteriores. La fiscalía está profundizando su investigación para determinar si los contratos y convenios revisados constituyen malversación de fondos. Además, Saffirio ha expresado su compromiso de colaborar plenamente con las investigaciones, mientras que el Consejo Regional evalúa recortar el presupuesto de la Corporación hasta que se esclarezca la situación.