El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha tomado una decisión significativa al reajustar la dirección de dos investigaciones relacionadas con el Caso Hermosilla, las cuales están centradas en presuntas irregularidades en la designación de ministros de cortes y fiscales judiciales. En una resolución emitida el lunes, Valencia ha trasladado estas causas a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que estará liderada por la fiscal regional Claudia Perivancich. Este cambio significa que la investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ya no estará bajo la supervisión del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, ni de la unidad de Alta Complejidad que dirige Javier Von Bischoffshausen.
La causa que involucra a la ministra suspendida Verónica Sabaj también sufrirá un cambio de liderazgo. Anteriormente dirigida por la fiscal Ximena Chong, esta investigación ahora será asumida por Perivancich. Sabaj se enfrenta a serias acusaciones que incluyen la revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. Estas acusaciones emergieron tras la filtración de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien supuestamente estaba vinculado a maniobras para favorecer ciertos nombramientos judiciales.
El caso de Ulloa se volvió de particular relevancia en marzo, cuando la Fiscalía de O’Higgins obtuvo autorización para allanar su oficina en la Corte de Apelaciones. Este allanamiento reveló evidencias de que Ulloa había estado en comunicación directa con Hermosilla para influir en el nombramiento de al menos ocho jueces y tres fiscales judiciales. En uno de los mensajes, Ulloa incluso solicitó ayuda de Hermosilla para hablar con Andrés Chadwick y facilitar la comunicación con el presidente. Este tipo de coincidencias ha generado inquietud sobre el grado de influencia y manipulación en el sistema judicial.
El operativo que se llevó a cabo en marzo también desató una controversia mayor en torno a la incautación del teléfono de Héctor Mery, quien alegó que sus derechos habían sido vulnerados, ya que no era objeto de imputación formal. Mery, que ocupó un cargo crucial en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera, había sido considerado como un nexo clave entre los actores implicados en la red de tráfico de influencias. Sin embargo, la Corte Suprema finalmente anuló la incautación de su celular, lo que generó nuevas tensiones en la relación entre el poder judicial y el sistema de justicia.
Ahora, bajo la dirección de Perivancich, la fiscalía se propone esclarecer no solo el nombramiento de Ulloa, sino también el de otros siete jueces y tres fiscales judiciales que podrían haber sido designados a través de conductas irregulares. Esta red de tráfico de influencias parece extenderse a las más altas esferas del Poder Judicial, lo que plantea preguntas cruciales sobre la integridad y la independencia de la justicia en el país. La fiscal Perivancich, conocida por su trabajo en el caso Dominga, tendrá la responsabilidad de desentrañar los vínculos y las irregularidades presentes en este sistema que ha generado una gran preocupación pública.