Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini han decidido intervenir en el caso de Luis Hermosilla, un abogado investigado por corrupción, soborno y lavado de activos. Desde su rol como querellantes en el llamado Caso Hermosilla, ambos legisladores han presentado un recurso de apelación al arresto domiciliario que se le otorgó a Hermosilla el pasado 21 de marzo, después de pasar 205 días en prisión preventiva. En su declaración, Manouchehri manifestó que no permitirán que la corrupción se instale en el país, afirmando que la libertad del jurista representa un riesgo tanto para la ciudadanía como para la investigación en curso.
Las preocupaciones de Manouchehri y Cicardini no son infundadas, ya que, según ellos, Hermosilla tiene la capacidad de continuar sus actividades delictivas desde su hogar, empleando su celular para ejercer presiones y manipular el proceso judicial en su favor. Cicardini enfatizó que su liberación envía una pésima señal a la población sobre la lucha contra la corrupción, sugiriendo que la impunidad se está normalizando en Chile. «Por el bien de nuestra democracia, Hermosilla debe volver a la cárcel», subrayó la diputada.
El proceso judicial en el que están involucrados los parlamentarios ha sido intenso. En marzo de 2024, interpusieron una querella por cohecho agravado contra funcionarios públicos que pudieran estar vinculados al caso. Un mes más tarde, realizaron una denuncia ante la Fiscalía para investigar posibles delitos de prevaricación y cohecho que podrían implicar a figuras de alto perfil, incluidos exministros y jueces de la Corte de Apelaciones. Estas acciones reflejan el compromiso de los diputados por combatir la corrupción en las esferas más altas del poder.
La decisión de interponer estas acciones legales ha tenido repercusiones significativas, llevando a la Fiscalía de Rancagua a ejecutar allanamientos en las oficinas de varios involucrados, incluyendo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y otros importantes miembros del ámbito judicial y político. Este tipo de operaciones busca desmantelar redes de corrupción que, según Manouchehri y Cicardini, están perjudicando a las instituciones democráticas del país.
Mientras tanto, el debate público sobre la corrupción en Chile se intensifica. Los diputados socialistas mantienen que la situación actual es alarmante y que los tribunales deben tomar decisiones que afirmen su compromiso con la justicia. La apelación presentada por Manouchehri y Cicardini es vista como un test de la capacidad del sistema judicial para enfrentar y combatir la corrupción. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sociedad chilena observa atentamente el desenlace del Caso Hermosilla y su impacto en la integridad de la justicia en el país.