Luis Hermosilla, conocido abogado chileno y figura central del denominado Caso Hermosilla, enfrenta una nueva y grave complicación legal que agrava aún más su situación personal y financiera. A más de tres meses de estar bajo prisión preventiva, el pasado 9 de diciembre de 2024, fue notificado sobre una demanda civil interpuesta por el Banco Scotiabank ante el 14.º Juzgado Civil de Santiago. Esta acción legal busca la recuperación de una millonaria deuda que Hermosilla tiene con la entidad bancaria, relacionada con tres créditos impagos, sumando un monto total de aproximadamente $386 millones.
El impacto de la demanda del Banco Scotiabank no solo recae sobre Hermosilla, sino también sobre su empresa, Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada. Uno de los efectos más significativos de esta situación es el embargo de uno de sus activos más preciados: su departamento en el barrio Lastarria, ubicado en la comuna de Santiago. Este embargo fue ejecutado a fines de febrero y quedó registrado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a comienzos de marzo, representando una respuesta contundente ante la falta de pago del abogado.
Las cifras asociadas a la deuda son alarmantes y reflejan una situación de serio deterioro financiero. Según los antecedentes judiciales, Hermosilla dejó de cumplir con sus obligaciones de pago durante el año 2024, lo que condujo a un endeudamiento creciente. Las cuotas que debe oscilan entre $1,4 millones y casi $3,9 millones, lo que motivó al banco a actuar judicialmente en busca de recuperar más de $200 millones. A esto se suma el hecho de que Hermosilla se encuentra actualmente encarcelado, acusado de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, lo que ha impedido que pueda ejercer su profesión y, por ende, generar ingresos que le permitan enfrentar sus obligaciones.
Con el departamento adquirido en 2009, cuyo valor fiscal se estima en $60 millones, el entorno financiero de Hermosilla se ha vuelto extremadamente precario. Las complicaciones legales que enfrenta no solo amenazan con despojarlo de su patrimonio, sino que también dificultan aún más su defensa ante los cargos penales que lo acusan. En este contexto, las autoridades fiscales, específicamente la Tesorería General de la República, han solicitado medidas adicionales para prevenir la venta o transferencia del inmueble, añadiendo presión a la ya complicada situación del penalista.
La confluencia de problemas legales y financieros ha convertido a Luis Hermosilla en un caso emblemático dentro del sistema judicial chileno. Su historia ilustra cómo la presión económica puede intensificarse en medio de un proceso penal, complicando la defensa y el bienestar personal. Esta situación ha captado la atención de la opinión pública y plantea interrogantes sobre el impacto que puede tener en la carrera de uno de los abogados más destacados del país, cuya reputación está ahora en entredicho, mientras lucha por mantener su libertad y su patrimonio.