La investigación sobre el caso Monsalve llegó a un abrupto final este lunes, cuando el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, se negó a responder las preguntas formuladas por el diputado Miguel Mellado, presidente de la comisión investigadora. Esta negativa provocó que Mellado decidiera dar por concluida la sesión, señalando que Crispi no había colaborado en la investigación y que su actitud evidenciaba un intento del gobierno de silenciar los hechos relacionados con el caso. En consecuencia, Mellado anunció que enviarían los antecedentes a la Contraloría para evaluar una posible sanción a Crispi, expresando su descontento: «Vamos a pedir que sea sancionado como corresponde, porque no avanzamos nada».
Durante la sesión, la diputada Gloria Naveillan cuestionó la legalidad de la cláusula de confidencialidad bajo la cual Crispi se escudaba, sugiriendo que se revisara su aplicación en estos casos. La controversia no solo giró en torno a la negativa de Crispi, sino también a la dinámica de la propia sesión, donde algunos parlamentarios utilizaron su tiempo para reflexionar en lugar de formular preguntas concretas. Esta falta de foco generó tensiones entre los miembros de la comisión, aumentando la frustración de aquellos que buscaban información clara sobre el caso Monsalve, lo que derivó en enfrentamientos verbales.
El diputado Álvaro Carter se unió a las críticas hacia Crispi, pidiendo su destitución y acusándolo de obstaculizar la transparencia en la gestión pública. Durante sus intervenciones, Carter enfatizó que el asesor había involucrado a La Moneda en múltiples problemas y que su evasiva respuesta solo contribuía a aumentar la desconfianza en el gobierno. Mellado, en un tono contundente, insistió en que Crispi debía responder sobre decisiones clave del gobierno, pero este mantuvo su postura de no revelar información, alegando que estaba protegido por su contrato.
Mellado también se refirió a Crispi como el «niño símbolo» del silencio del gobierno frente al caso Monsalve, subrayando que su negativa era indicativa de una protección a los intereses gubernamentales en vez de a la víctima. El legislador reveló que, dentro de la comisión, se planteaba solicitar al presidente Gabriel Boric la renuncia de Crispi, lo que podría intensificar aún más la controversia en torno a la administración actual. En su intervención, Mellado aclaró que la intención no era obstruir la investigación, sino asegurar que se proporcionara toda la información necesaria para avanzar.
Finalmente, Mellado anunció que la comisión estará lista para presentar sus conclusiones en un plazo estimado de 15 días, a menos que se confirme la asistencia del fiscal nacional a la próxima sesión. «Espero que hoy nos confirmen su asistencia. De lo contrario, esta sería la última sesión y procederemos con nuestras conclusiones», dijo. La situación pone de manifiesto las tensiones entre el poder legislativo y el ejecutivo, así como el impacto que el caso Monsalve ha tenido en la política chilena, incrementando la presión sobre el gobierno y su capacidad de respuesta frente a las denuncias de corrupción.