El 15 de marzo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó en una entrevista con CNN haber tenido acceso a la carpeta investigativa del Caso Sierra Bella, una declaración que ha generado controversia. Este acceso le fue otorgado por el fiscal Patricio Cooper, quien está a cargo de la investigación. La noticia surge en un contexto tumultuoso, pues días antes, La Tercera había filtrado chats privados entre la actual alcaldesa Irací Hassler y la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola. La situación ha reavivado el debate sobre la transparencia y la seguridad de la información en procesos judiciales, cuestionando la capacidad del Ministerio Público para mantener la confidencialidad de los casos bajo reserva.
La revelación del acceso a la carpeta investigativa por parte de Desbordes ha suscitado interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público en este caso. En su defensa, el fiscal Cooper argumentó que solo los miembros del Ministerio Público y las partes directamente involucradas pueden acceder a la información de una investigación. Sin embargo, según Desbordes, es legítimo su acceso dado su rol como querellante. A pesar de esta justificación, la controversia persiste sobre si hubo algún tipo de presión para obtener información que debería haber estado resguardada, especialmente en el contexto de la reciente filtración que comprometió la integridad del caso.
Rodrigo Rettig, abogado y precandidato por el distrito 10, ha manifestado su desconfianza hacia el manejo del Ministerio Público a través de sus redes sociales. Rettig revisó la documentación del caso y encontró irregularidades que sugieren un acceso indebido a la carpeta investigativa. Según su análisis, la querella presentada por Desbordes, que fue admitida de manera inusualmente rápida, plantea dudas sobre la transparencia y los procedimientos normales que rigen el acceso a estas carpetas. Según el Sistema de Información y Atención de Usuarios de la Fiscalía, el tiempo típico para la entrega de una copia es de 15 días hábiles, lo que hace aún más cuestionable el acceso al que pudo llegar Desbordes en menos de 48 horas.
El hecho de que la querella de Desbordes haya sido admitida el 14 de marzo y que él mismo haya reconocido el día siguiente en CNN haber recibido datos de la carpeta genera un clima de sospechas. El mismo día de esta admisión, La Tercera publicó los chats entre Hassler y Cariola, lo que sugiere que algunos dentro del proceso estaban accediendo a información privilegiada antes de su divulgación oficial. Rettig ha exigido respuestas claras desde la Municipalidad de Santiago sobre cómo es que obtuvieron dicha información en un tiempo inusualmente corto, planteando la posibilidad de que alguien en la Municipalidad hiciera gestiones inesperadas para acelerar la entrega de datos.
Finalmente, las reacciones ante esta situación están divididas, con muchos pidiendo una investigación exhaustiva sobre las filtraciones y el manejo de la información sensible en este caso. La presión política y mediática se intensifica mientras la opinión pública demanda claridad y transparencia. Con el fiscal Patricio Cooper apartado de la investigación tras las críticas, queda por ver cómo se desarrollará este caso y si se tomarán medidas para garantizar que eventos similares no vuelvan a suceder. En medio de este torbellino, la confianza en el sistema judicial y en la capacidad de resguardar la información está en entredicho, lo que no solo afecta a los implicados, sino también al conjunto de la población que exige justicia y transparencia.