La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrenta serias acusaciones en un contexto judicial complicado, tras ser reformalizada por los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Este caso, que ha captado la atención de la opinión pública y medios de comunicación, está siendo investigado por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina. Según informes de Radio Biobío, las pruebas recabadas sugieren que Barriga desvió más de 125 millones de pesos de fondos municipales para promover su marca personal, “Fuerza de Mujer”, un emprendimiento inscrito a su nombre con la colaboración de terceras personas, mientras ejercía su cargo como jefa comunal.
El programa “Fuerza de Mujer” fue anunciado en 2017 con un presupuesto inicial de 7 millones de pesos y se presentaba como una iniciativa destinada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a lo largo de los años, los recursos asignados al proyecto crecieron exponencialmente, alcanzando los 36,7 millones de pesos para 2018. En ese año, se realizaron pagos a diversas personalidades, incluyendo a la influencer Carmen Castillo, quien recibió 555.555 pesos por una conferencia, junto con honorarios que superaron los 2 millones de pesos para otros eventos, lo que ha levantado una serie de interrogantes sobre la finalidad real de los recursos invertidos.
Entre las actividades programadas a través de “Fuerza de Mujer” se encontraron desde clases de yoga hasta espectáculos musicales de Bossa Nova, además de ferias masivas y la compra de pañales ecológicos. No obstante, el conflicto surgió cuando quedó claro que la marca no pertenecía al municipio, evidenciando un posible uso indebido de los fondos públicos. En 2018, Barriga habría utilizado a una abogada como testaferro para registrar la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), y un año más tarde, el nombre fue oficialmente transferido a ella. Esta maniobra ha sido vista por el Ministerio Público como una clara violación de su deber como funcionaria pública.
La situación de Barriga se complica aún más al enmarcarse en un entorno donde el presupuesto del programa alcanzó un récord de 55,9 millones de pesos en 2019, representando un incremento del 52% con respecto al año anterior. Durante este periodo, se destacaron algunas charlas que costaron sumas considerables, como la de la periodista Jennifer Warner, por 2,5 millones, y Carmen Gloria Arroyo, quien recibió 1,5 millones. Además, más de 24 millones fueron empleados en la producción de eventos, aludiendo a gastos por arriendo de toldos, carpas y servicios logísticos necesarios, lo que contribuye a la sospecha de que los recursos fueron mal utilizados.
La Fiscalía ha recopilado diversos antecedentes que apuntan a que Barriga actuó en beneficio propio, dejando de lado su deber como autoridad pública. En el expediente judicial, se establece que asignó recursos municipales a fines que no eran públicos, priorizando su interés personal por sobre el bienestar colectivo de la comunidad que debía proteger. Este caso ha abierto un debate sobre la ética en la gestión pública y la rendición de cuentas, mientras Barriga se prepara para enfrentar un proceso judicial que podría tener repercusiones en su carrera política y personal.