Durante la mañana del pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien enfrenta cargos por fraude al Fisco. La decisión del tribunal se tomó en un contexto delicado, coincidiendo con el 52° cumpleaños de Barriga, y ha generado un intenso debate en la sociedad chilena debido a la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra. A raíz de la resolución, Barriga quedará bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, situación que ha sido considerada como un favorable ventajoso para la exautoridad en medio de un escándalo que ha sacudido a la opinión pública del país.
El informe de El Ciudadano resaltó la labor de Laura Landaeta, periodista de investigación y autora del libro sobre el Caso Barriga, quien se mostró sorprendida ante la decisión de la Corte. Landaeta afirmó que resulta «impresentable» considerar que Barriga no representa un riesgo de fuga ni va a obstruir la justicia simplemente por no ocupar un cargo público. Esto resulta aún más polémico considerando el valor del fraude investigado, que asciende a la escalofriante cifra de 33 mil millones de pesos, una suma que ha causado indignación entre los ciudadanos.
La periodista también subrayó la importancia de considerar el contexto de la investigación, que no solo implica a Barriga sino también a su círculo cercano. Recientemente, dos de sus colaboradores más próximos, entre ellos su mano derecha, Luis Japaz, recibieron condenas por su participación en el fraude. Este hecho evidencia no solo la magnitud del ilícito, sino también una posible conspiración que alimenta aún más la inquietud sobre el manejo de los fondos públicos durante su gestión. La falsificación de estados financieros corroborada en el proceso agrava la situación jurídica de Barriga, resaltando que la justicia debe prevalecer en este caso.
Los antecedentes presentados por el Ministerio Público revelan el uso irregular de recursos municipales para cubrir gastos personales de Barriga, como el pago de servicios básicos de su hogar y la contratación de niñeras, además de costos relacionados con su imagen personal y celebraciones privadas, todo cargado al presupuesto municipal. Esta conducta sistemática, los cuales Landaeta define como un desvío de fondos, plantea un escenario alarmante que interroga la ética en el ejercicio de la política. Estos actos no son solo un fraude, sino una traición directa a los votantes de Maipú y a la sociedad chilena que confía en que sus funcionarios actúen con integridad.
Con el próximo juicio y una audiencia de formalización programada para el 15 de abril por el delito de malversación de caudales públicos, el futuro de Cathy Barriga en el ámbito político y su responsabilidad ante la justicia están en juego. La opinión pública queda a la expectativa sobre las repercusiones de este caso, que ha levantado voces a favor de una rendición de cuentas acorde con la gravedad de los delitos imputados. La situación de Barriga es un recordatorio del necesario escrutinio y transparencia que deben existir en la administración pública, así como del rol de la justicia en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.