El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 597 el viernes 11 de abril, que establece la prohibición del ingreso de extranjeros por las fronteras norte y sur de Ecuador desde las 16:00 hasta el 14 de abril, justo un día después de la segunda vuelta electoral. Esta decisión, según la justificación oficial, busca «precautelar la seguridad y el desarrollo de las elecciones». Sin embargo, la medida ha suscitado críticas y sospechas, especialmente entre organizaciones políticas que acusan al gobierno de limitaciones a la observación electoral internacional. Pensadores y analistas políticos consideran que esta acción podría modificar el equilibrio de transparencia en el proceso electoral, generando un ambiente de incertidumbre justo antes de la votación.
En medio del cierre de fronteras, se desató una campaña de desinformación, con cuentas afines al oficialismo en la red social X (anteriormente Twitter) difundiendo acusaciones infundadas sobre la supuesta infiltración de «agitadores internacionales». El Dato EC reportó que la inteligencia del país había detectado la llegada de miembros del Grupo de Puebla y otros grupos de izquierda provenientes de naciones como Colombia, Argentina y México, supuestamente con el objetivo de sembrar el caos y desestabilizar las elecciones. Estas declaraciones, carentes de pruebas concretas, parecen intentar justificar la medida extrema adoptada por Noboa y proyectar una imagen de vulnerabilidad frente a amenazas externas.
Luisa González, candidata presidencial y principal rival de Noboa, reaccionó contundentemente ante estas acciones en un comunicado público, señalando que el cierre de las fronteras y las acusaciones eran una grave amenaza a la democracia en Ecuador. González destacó que el gobierno estaba obstaculizando la llegada de delegaciones políticas y observadores internacionales que podían garantizar la transparencia del proceso electoral. «Usan el Decreto 597 para bloquear la veeduría ciudadana y restringir derechos», denunció, instando a la comunidad internacional a enviar veedores para asegurar unos comicios limpios. Su mensaje insistió en que la posibilidad de fraude no es más que una táctica del gobierno para desviar la atención de sus propios atropellos.
En una serie de acontecimientos relacionados, González también reveló que su equipo de seguridad había sido retirado abruptamente el 12 de abril, horas previas a la veda electoral. Atribuyó esta acción a Noboa y al Ministro de Defensa, acusándolos de poner en riesgo su vida y la de su familia. «Esta decisión irresponsable y temeraria… el miedo es suyo, señor Noboa, la esperanza es nuestra», manifestó González en un video que circuló en redes sociales. La situación provocó una gran preocupación entre sus seguidores y en la opinión pública, generando un debate sobre la seguridad de los candidatos en este contexto electoral tenso.
Las tensiones se intensificaron aún más durante el debate presidencial del 23 de marzo, donde González acusó a Noboa de vínculos con actividades de narcotráfico a través de su empresa, Noboa Trading. Con base en informes de investigación, González sostuvo que esta compañía había estado involucrada en el transporte de drogas en contenedores de banano. Noboa, por su parte, respondió defendiendo la integridad de su empresa, argumentando que cualquier colaboración con las autoridades para alertar sobre irregularidades denota un compromiso con la legalidad. Este intercambio de acusaciones reveló las profundas divisiones y la polarización del proceso electoral, haciendo del 14 de abril una fecha decisiva para el futuro político de Ecuador.