El pasado 31 de marzo, el diario El Mercurio de Calama reportó que la División Chuquicamata de Codelco ha ofrecido disculpas públicas al dirigente sindical Miguel Ángel Véliz y al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Chuquicamata. Este hecho se da en el contexto de una resolución judicial que explicitó el seguimiento ilegal que sufrió Véliz por parte del personal contratado de ISS Chile S.A. La División ha calificado tales conductas como prácticas antisindicales y acoso laboral, reafirmando su compromiso hacia el respeto de los derechos laborales y la defensa de la actividad sindical. Codelco ha manifestado su rechazo contundente a estas conductas, destacando también la importancia de recuperar la confianza entre los trabajadores y la empresa.
La disculpa pública de Codelco surge tras la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, que el 13 de marzo dictaminó que la estatal debía pagar una multa de 300 UTM a Véliz por daño moral. Esta sanción pone de manifiesto el reconocimiento judicial de las violaciones a los derechos laborales y la protección del ejercicio de las libertades sindicales. Desde el sindicato, se ve este laudo como un paso importante en la lucha por los derechos de los trabajadores, recordando que el respeto a la ley laboral es fundamental en un país que ha construido su historia en base al trabajo y la dignidad.
Miguel Ángel Véliz se ha manifestado en varias ocasiones sobre la gravedad de la situación, destacando que se han presentado pruebas contundentes, como videos y fotografías que muestran a ex uniformados de Codelco portando armas en la vía pública con el fin de hostigarlo. Véliz enfatiza que esta situación es inaceptable y que en Chile nadie está por encima de la ley laboral. Además, ha reiterado la necesidad de que se haga justicia, no solo para él, sino para todos los trabajadores que han sufrido de acoso y persecución por parte de sus empleadores.
El Sindicato Chuquicamata se encuentra inmerso en una querella criminal que ya ha identificado a los exejecutivos responsables de este acoso. La organización ha dejado claro que no se detendrán hasta que todos los culpables enfrenten las consecuencias civiles y penales de sus acciones. Bajo la conducción de Véliz, el sindicato busca sentar un precedente firme en Chile, asegurando que ninguna empresa pueda actuar en contra de la libertad sindical sin enfrentar las repercusiones adecuadas.
Finalmente, Véliz y el sindicato han manifestado su esperanza de que en los próximos dos meses se obtengan resultados concretos de las investigaciones de la Fiscalía de Calama. Las diligencias han sido encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes estarán a cargo de procesar a los exejecutivos implicados. Esta espera es crucial para el sindicato, ya que representa una oportunidad para cerrar este capítulo de represión y poner fin a las prácticas laborales abusivas, reafirmando el derecho de los trabajadores a organizarse y actuar en defensa de sus intereses.