En un incidente ocurrido en la madrugada del 22 de febrero, un conductor en estado de ebriedad colisionó con un vehículo estacionado frente a la Tercera Comisaría de Carabineros en Arica. El automóvil que resultó afectado pertenecía a un funcionario de dicha unidad policial. Según informes del medio El Desconcierto, el alcotest realizado al conductor reveló un preocupante nivel de alcohol en su sistema, alcanzando los 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual plantea serias implicaciones legales.
Lo que inicialmente parecía ser un procedimiento ordinario terminó por tomar un rumbo inesperado cuando el carabinero, en vez de seguir el protocolo establecido, propuso un acuerdo irregular al infractor. El funcionario sugirió que el conductor le entregara su vehículo como compensación a cambio de no informar sobre el accidente. Este acuerdo, que contraviene las normativas legales de procedimiento de accidentes de tránsito, fue aceptado por el conductor, lo que desencadenó una serie de investigaciones por parte de las autoridades.
Ambos hombres, junto a un amigo del carabinero, acudieron a una notaría para formalizar la transferencia del automóvil por un monto de un millón de pesos. Este acto deamnificario ilegal fue rápidamente detectado por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, que comenzó una investigación en profundidad. Las evidencias recolectadas llevaron a la Fiscalía a formalizar cargos contra el carabinero por el delito de cohecho, dado que su conducta violó las normativas de conducta esperadas de un funcionario público.
A raíz del caso, se solicitó autorización judicial para allanar el domicilio del carabinero y su espacio personal dentro de la comisaría. El 14 de abril, durante el registro, se encontraron elementos comprometedores en su habitación, incluyendo un paquete de petardos y varios tipos de municiones, además de fuegos artificiales. En total, se incautaron 100 cartuchos de escopeta y municiones de guerra, lo que aumentó las sospechas sobre el conducto irregular y los riesgos potenciales que podría representar este funcionario en libertad.
El juez Juan Araya Contreras, al tomar conocimiento de las pruebas presentadas, decidió formalizar al carabinero no solo por el delito de cohecho, sino también por la posesión y tenencia de municiones de guerra. Al considerar que su libertad representaba un riesgo para la seguridad pública, determinó que debía permanecer bajo custodia en la Tercera Comisaría. Se fijó un plazo de investigación de 90 días, en un caso que resalta la gravedad de la corrupción y el uso indebido de la autoridad en las fuerzas del orden.