Durante la sesión N°15 del Concejo Municipal de Rancagua, celebrada el pasado 11 de marzo, se suscitó un hecho que ha generado gran polémica en la comunidad. En un momento crucial de la reunión, el concejal Patricio Henríquez solicitó abordar el caso de Carlos Muñoz Rivera, exjefe de gabinete del municipio, quien fue destituido tras una denuncia formal de abuso sexual. Sin embargo, justo en ese momento, el audio de la transmisión fue silenciado, lo que ha despertado suspicacias sobre posibles intentos de censura. Este extraño corte en la transmisión se registró alrededor del minuto 48 de la sesión, momento en el que Henríquez hizo un llamado directo al alcalde Raimundo Agliati para discutir abiertamente la denuncia que había sido presentada.
La omisión informativa en la sesión no sólo dejó a los ciudadanos rabiando por la falta de transparencia en el manejo del caso, sino que también planteó interrogantes sobre el procedimiento seguido por el Concejo Municipal. Mucho antes de la sesión, el 5 de marzo, ya se conocían los antecedentes de la denuncia que involucraban a una adolescente, aunque el nombre del acusado se mantuvo en el anonimato durante un tiempo. La situación cambió rápidamente, y tras la identificación de Muñoz, las autoridades se vieron obligadas a actuar; fue así como se abrió un sumario administrativo y se accedió a la renuncia del exjefe de gabinete el 7 de marzo.
En el comunicado emitido por la Municipalidad, se resaltó el compromiso de la administración con la transparencia y la legalidad. «Esta administración ha actuado con total transparencia, responsabilidad y apego a la ley», se indicó en el oficialmente, subrayando que la respuesta ante la denuncia había sido categórica e inmediata. Sin embargo, la falta de claridad en los detalles sobre el incidente y los eventos suscitados durante la reunión del concejo han dejado a muchos cuestionándose la efectividad real de esas afirmaciones, así como la veracidad de los procedimientos correspondientes.
El concejal Henríquez, al discutir el tema posteriormente, manifestó que no se había percatado del silenciado abrupto en la transmisión y expresaba su frustración por no haber podido llevar a cabo una discusión abierta sobre una cuestión tan delicada y relevante para la comunidad. La posibilidad de que la ciudadanía no tenga acceso a información crucial en casos de abuso genera una desconfianza profunda en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Esto deja en entredicho la forma en que se gestionan los conflictos dentro del municipio.
Este incidente ha encendido una ola de críticas y demandas de transparencia, no solo respecto a este caso particular, sino también en la manera en que el concejo municipal aborda temas de importancia ciudadana. Los integrantes del Concejo deben enfrentar la presión de justificar su actuar ante la comunidad, mientras que la ciudadanía exige respuestas claras y directas. A medida que el caso avanza, será crucial observar cómo se manejará la comunicación entre las autoridades y los ciudadanos, así como el compromiso institucional hacia una gestión más responsable y transparente.