En mayo de 2024, un reportaje del Equipo de Investigación de El Ciudadano expuso irregularidades en la contratación del exdiputado Camilo Morán por la administración del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Los documentos revelaron que Morán recibió un salario millonario de más de $22 millones por un trabajo que, según la Contraloría General de la República, no estaba alineado con las metas del municipio. La contratación, realizada a través de un decreto en enero de 2024, generó controversia ya que supuestamente no cumplió con las responsabilidades esperadas de un asistente a la coordinadora de gabinete del alcalde, Cecilia Pérez.
El rol asignado a Morán incluía tareas como la atención a la comunidad y la elaboración de informes semanales, pero la Contraloría determinó que su trabajo se limitó principalmente a elaborar minutas de análisis político, lo que no se relaciona con las competencias de la administración local. Esta falta de correlación llevó al organismo fiscalizador a calificar su contratación como improcedente e inapropiada, lo que genera serias dudas sobre el uso de recursos públicos en el municipio.
El informe también revela el contexto de la controversial figura de Morán, quien fue formalizado a principios de 2024 por emitir un falso aviso de bomba en un evento de campaña del senador Rodrigo Galilea, lo que añade un nivel de controversia adicional a su papel en la municipalidad. Tras este incidente, Morán renunció a su cargo como director de Desarrollo Comunitario y suspendió su militancia en Renovación Nacional (RN). Su caso no es el único señalado, ya que el mismo informe menciona la contratación de Francisco “Pancho” Orrego, excandidato a gobernador, quien devolvió $8 millones percibidos irregularmente.
Como resultado de las irregularidades, la Contraloría ha instruido la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por la autorización de un gasto que alega no responde a las funciones legales de la municipalidad. La administración de La Florida ha tratado de justificar la contratación, alegando que solo un 25% de las labores realizadas por Morán eran cuestionables, y enfatizando su aporte al gobierno local en un cargo de relevancia. Sin embargo, la Contraloría ha desestimado estas justificaciones, afirmando que el contenido de las minutas revisadas no es consistente con los fines de la entidad municipal.
A pesar de las críticas y la evaluación negativa de su gestión, las autoridades de La Florida han expresado su intención de solicitar una reevaluación del informe de la Contraloría, presentando documentos que, aseguran, demuestran la legalidad de los servicios contratados. Asimismo, han manifestado su disposición a colaborar plenamente con la investigación en curso, destacando la voluntad de aclarar la situación y salvaguardar el uso adecuado de los fondos públicos en la comuna.