El diputado Daniel Manouchehri, miembro del Partido Socialista (PS), ha liderado una iniciativa legislativa que busca presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a la reciente destitución de la senadora Isabel Allende. Acompañado por otros diputados de su partido, Manouchehri enfatizó la necesidad de investigar los antecedentes de varios parlamentarios que, según revelaciones de The Clinic, han firmado contratos con el Estado. Esta controversia ha generado un fuerte debate en el Congreso sobre la legalidad y la moralidad de tales vínculos, evidenciando potenciales conflictos de interés dentro de la actividad legislativa.
Durante una conferencia de prensa, Manouchehri detalló los casos de los senadores Juan Castro (Partido Socialista Cristiano) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quienes han sido señalados por vínculos contractuales con entidades estatales. El diputado argumentó que la decisión del TC de destituir a Allende, basada en un contrato no perfeccionado, establece un precedente que debería aplicarse estrictamente a otros casos donde ya existen contratos ejecutados. Esta postura ha reforzado el argumento de que cualquier contrato entre parlamentarios y el Estado podría infringir la Constitución.
En su intervención, Manouchehri destacó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que solo el hecho de celebrar un contrato con el Estado podría considerarse como una violación constitucional. Esto es especialmente relevante en el marco de los supuestos ilícitos constitucionales, los cuales, según el diputado, no prescriben con el tiempo. Esta interpretación no solo podría afectar a los ya investigados, sino que también plantea interrogantes sobre la ética de otros parlamentarios con situaciones similares.
El reportaje de The Clinic ha identificado a cinco parlamentarios involucrados en contratos con el Estado, incluyendo a destacados senadores y diputados. Estos acontecimientos han intensificado la presión para actuar de manera decidida y regulada. En este contexto, Manouchehri ha iniciado un acercamiento con otros legisladores con el fin de recolectar las 10 firmas necesarias para presentar el requerimiento formal, reafirmando el compromiso del PS de aplicar las normas constitucionales de manera homogénea.
La situación actual con la destitución de Isabel Allende se está utilizando como un precedente que los diputados socialistas buscan emplear para mantener la integridad del Congreso. Las declaraciones del académico Claudio Fuentes sobre la prohibición de candidaturas para aquellos vinculados a contratos estatales añaden otra capa de complejidad a este debate, sugiriendo que se podría estar operando en una zona gris respecto a la legalidad y la ética en las candidaturas. Manouchehri y sus aliados pretenden que esta revisión jurídica no sólo abra paso a acciones legales, sino que también promueva una discusión más amplia sobre la transparencia y la responsabilidad en la política chilena.