Javier Fano Ruiz, jefe de gabinete del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, ha sido el foco de controversia debido a sus elevados ingresos mensuales que superan los cinco millones de pesos. Según informes de la Fundación América Transparente, Fano percibe $2.401.285 por coordinar la agenda del alcalde y $2.740.480 brutos como «asesor legal de la administración municipal». Este escándalo ha despertado sospechas de un nuevo caso de corrupción en la comuna, donde las contradicciones en su perfil profesional y las funciones que desempeña generan dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión municipal.
La denuncia de América Transparente ha revelado que Fano, anteriormente líder estudiantil del Movimiento Gremial, cobra sueldos de la Municipalidad y de la Corporación de Desarrollo Local, a pesar de que el registro de transparencia indica que solo cuenta con educación media completa. Más sorprendente es que su rol como asesor legal parece incompatible con su supuesta condición de estudiante de derecho, lo que plantea interrogantes sobre su calificación para desempeñar tareas de asesoramiento legal en un entorno que exige alto nivel de expertise jurídico.
Además, la fundación expone otras irregularidades relacionadas con el contrato de Fano. Según el director de América Transparente, Juan José Lyon, Fano está contratado a honorarios, lo que debería obligarlo a entregar informes mensuales sobre su desempeño. Sin embargo, los documentos que deberían estar disponibles en la plataforma de transparencia del municipio no aparecen, lo que aumenta la preocupación por la falta de fiscalización de estas contrataciones. Lyon resalta que esta situación es posible debido a vacíos legales en la gestión de las corporaciones municipales, que provocan que estas entidades sean menos susceptibles al control horario y a la supervisión adecuada.
Este caso no es aislado, sino que refleja un patrón que se ha visto en otras municipalidades, donde las corporaciones han estado involucradas en escándalos por falta de probidad. La situación en La Reina recuerda a las irregularidades observadas en Vitacura bajo la administración de Raúl Torrealba, lo que ha llevado a que ciertos parlamentarios propongan proyectos de ley para regular estas entidades y cerrar los vacíos legales existentes. Lyon reitera que la necesidad de reformar estas estructuras es urgente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Finalmente, Lyon enfatiza que la Contraloría ha establecido normativas claras sobre la prohibición de tener más de un contrato simultáneo, salvo excepciones específicas. Este hecho pone en tela de juicio por qué se siguen permitiendo contratos paralelos en las corporaciones municipales, lo que contribuye a un entorno propenso a la corrupción. La falta de progreso en la legislación de probidad en el ámbito municipal subraya la importancia de elevar los estándares de control, a fin de restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.