La industria salmonera chilena se encuentra en el centro de una creciente controversia tras la lamentable muerte de dos buzos en un lapso de apenas siete días. Estos trágicos incidentes, que suman al menos 80 trabajadores fallecidos desde 2013, ponen de manifiesto la alarmante crisis laboral que afecta a este sector, el cual se ha convertido en un pilar económico del país. El último episodio ocurrió el 17 de abril en Aysén, cuando Luis Godoy Mendoza, un buzo artesanal, perdió la vida durante una jornada de trabajo en el centro de cultivo ‘Elena Weste’, operado por la empresa Blumar. Tras su accidente, la Armada no pudo salvarlo a tiempo, llegando a declarar su muerte al arribar al puerto. A solo unos días de esa tragedia, un joven de 29 años sufrió un accidente mortal en Hualaihué al quedar atrapado en la hélice de una embarcación, lo que reabre nuevamente el debate sobre la seguridad en las labores de buceo.
La situación es desalentadora, ya que las estadísticas del Centro Ecoceanos revelan que la mortalidad en la industria salmonera chilena lidera a nivel mundial en términos de riesgo laboral. Las cifras son impactantes: solo entre 2021 y abril de 2025, han muerto 12 buzos, mientras que el año 2021 marcó un pico con 11 fallecimientos, seis de los cuales involucraron a buzos. Esta alarmante tendencia destaca el grave problema que representa la subcontratación y externalización de servicios en un sector que, a pesar de sus millonarios ingresos, parece desoír el deber de proteger a sus trabajadores. La falta de fiscalización adecuada por parte de las autoridades aumenta la preocupación, mientras se acumulan decenas de casos sin sentencias claras.
La vocación de lucro que caracteriza a la industria salmonera y la precarización laboral de sus trabajadores son factores que han sido señalados como causales de esta crisis. Ecoceanos indica que más del 40% de los trabajadores en la salmonicultura son temporeros, careciendo de acceso a derechos básicos como la sindicalización y seguros de salud. Esta falta de protección legal los expone a jornadas laborales extenuantes, donde sus remuneraciones dependen de la producción, generando un ambiente de trabajo que prioriza las ganancias sobre la seguridad de las personas. Es un círculo vicioso que perpetúa la vulnerabilidad de quienes laboran en condiciones adversas.
La respuesta del sector gubernamental también ha sido objeto de críticas. A pesar de las competencias que le otorgan al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y a la Dirección del Trabajo la fiscalización, las muertes de trabajadores continúan en aumento. La ausencia de acciones contundentes por parte de la justicia en Aysén y Los Lagos ha suscitado una mayor indignación entre los sindicatos y comunidades costeras que claman por un cambio. Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, subrayó que, aunque Chile se posiciona como el segundo productor mundial de salmón, presenta una desalentadora tasa de mortalidad laboral, superando incluso a Noruega, donde sólo un buzo perdió la vida en un periodo similar. Esta problemática señala la necesidad imperiosa de revisar los estándares laborales en la industria.
Mientras las presiones internacionales aumentan, con países como Australia considerando la prohibición de importar salmón chileno debido a preocupaciones laborales y sanitarias, las comunidades afectadas y los sindicatos exigen una moratoria sobre la expansión salmonera. La situación crítica que enfrenta la industria debe llevar a una urgencia en la implementación de medidas que garanticen la seguridad y dignidad laboral en un sector que, a pesar de ser lucrativo, no puede seguir a costa de la vida de sus trabajadores. Conscientes de que estas muertes no son meros accidentes, sino la consecuencia de un sistema que antepone las ganancias a la vida humana, es vital que se escuche el clamor de aquellos que demandan cambios radicales en la industria salmonera.